Desregular la inteligencia

A Alejandro Nolasco le ha bastado apenas un mes para protagonizar su primera catetada al frente de la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, tras anunciar la eliminación de la aportación que el Gobierno de Aragón realizaba desde 2008 a la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Expliquemos por qué esta decisión se merece semejante epíteto.

No voy a entrar en la cantidad ridícula que suponía dicha aportación, los 30.000 euros que había previstos para este año, y con los que no se podría ni siquiera pagar la mitad del salario del último asesor contratado por el presidente Azcón. Tampoco voy a detenerme en la decisión de aportar esa misma cantidad a una convocatoria de ayudas para apoyar a las escuelas taurinas. Cada gobierno prioriza en función de sus intereses, y tiene todo el derecho a hacerlo.

Prefiero referirme a los argumentos que el propio Nolasco ha utilizado para justificar semejante medida: la cooperación al desarrollo no está entre las prioridades de su área y lo considera un «gasto extra», y por ello prefiere «atender primero a los nuestros y reducir gastos que no son prioritarios y que no redundan directamente en los nuestros».

Es decir, considera un despilfarro invertir no solo en un espacio académico, sino en una puerta de entrada profesional para estudiantes de la Universidad de Zaragoza que quieren formarse y trabajar en cooperación internacional, acción humanitaria, educación para la ciudadanía global, evaluación de proyectos o gestión de políticas públicas.

Y es que, gracias a la cátedra, cientos de jóvenes pueden acceder al máster de especialización, a prácticas en entidades e instituciones de cooperación, a becas, premios de investigación y entrar en contacto directo con organizaciones del sector, sin verse obligados a salir de Aragón ni asumir el coste de formaciones mucho más caras en otras comunidades y/o universidades. Recortar esta cátedra no significa únicamente retirar 30.000 euros a una actividad universitaria: significa debilitar una vía pública, asequible y aragonesa de especialización profesional en un ámbito en el que también trabajan administraciones, ONG, organismos internacionales, consultoras, fundaciones y entidades sociales.

Quizás el señor Nolasco desconoce que más de un millón de personas trabajan en el sector de la cooperación en todo el mundo, varios miles de ellos en nuestro país, pero también que desde diferentes ámbitos públicos y privados se reclama desde hace años la necesidad de reforzar la presencia de profesionales españoles en organismos internacionales, y es por eso desde las instituciones de todos los gobiernos se impulsan ferias de empleo, orientación profesional y convocatorias específicas para jóvenes titulados en este campo. En ese contexto, una cátedra de Cooperación no es una actividad marginal ni meramente ideológica: forma parte de la cadena que permite que estudiantes aragoneses accedan a un sector profesional internacional en el que España quiere tener más presencia.

Pero puestos a buscar explicaciones, podríamos preguntar al señor Nolasco si considera que invertir en esta formación para los jóvenes aragoneses no es «prioritario», ¿qué opina entonces de otras cátedras de la Universidad de Zaragoza que también son financiadas desde el Gobierno de Aragón?: la Cátedra de Innovación Comercial, orientada al comercio y a la formación práctica de estudiantes y profesionales del sector; la Cátedra de Transformación Industrial, centrada en la industria 4.0, la transición ecológica, la logística, la movilidad y los nuevos perfiles profesionales; o la Cátedra Economía Social y Cooperativas, que incluye prácticas de estudiantes en entidades de economía social, por citar solo algunas.

La cuestión no es si las cátedras universitarias deben conectar conocimiento, formación y sectores profesionales; eso ya lo hace muy bien la Universidad de Zaragoza en numerosos ámbitos. La cuestión es por qué esa lógica parece válida cuando se habla de comercio, industria u otros sectores, pero no lo es cuando se trata de cooperación al desarrollo. Y ahí es donde la decisión de Nolasco deja de parecer una medida de ahorro y empieza a parecer lo que realmente es: un gesto ideológico envuelto en pura demagogia, algo especialmente preocupante en el proceder de un político cuyo partido ha hecho gala de que «las aulas dejen de ser espacios de adoctrinamiento ideológico».

Todos sabemos que no hay que tomar muy en serio a políticos como Alejandro Nolasco, pero debemos empezar a preocuparnos cuando sus peregrinas ideas dejan de convertirse en meras ocurrencias y pasan a convertirse en realidades que perjudican a aquellos a quienes dice defender, porque al final, cuando se confunde ahorrar con recortar oportunidades, lo que se acaba desregulando no es la Administración, sino la inteligencia. n