Mazazo judicial a la concertación

La Justicia no entiende de promesas electorales ni de resultados en las urnas. La concertación en el Bachillerato en Aragón que pretende poner en marcha el Gobierno PP-Vox, capitaneado por el presidente Jorge Azcón, se paralizó ayer de forma cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), pero no porque se haya entendido que el perjuicio será mayor si sigue adelante mientras se decide su legalidad o idoneidad que si se aparca hasta que los tribunales decidan sobre el fondo de un asunto que excede la ideología, sino básicamente porque el Ejecutivo impulsó la medida recurrida cuando todavía estaba en funciones y no estaba justificada la urgencia. Es una victoria momentánea de la comunidad educativa en defensa de la escuela pública que se ha lanzado a la calle este año con protestas multitudinarias y una huelga de solo dos días que también tuvo repercusión. Pero conviene no lanzar las campanas al vuelo, una suspensión cautelar no significa que tengan la razón absoluta en esta cuestión, el tiempo lo dirá. Aunque también es cierto que toda la presión social ejercida, por los equipos directivos, docentes y las familias, se ha demostrado eficaz o, como mínimo, que tienen fundamento sus reivindicaciones. Tampoco se prevé que el Gobierno aragonés abandone la lucha por conseguir llevar a cabo este objetivo político, pero la decisión del juez desviste su principal argumento de que esta iniciativa estaba en su programa electoral y que la suya fue la lista más votada por los ciudadanos. Unos comicios no son un referéndum a favor o en contra de ampliar la concertación a niveles educativos que no son obligatorios. Cada voto tiene una razón de ser y no siempre se vota la totalidad de los programas. Quizá ese ha sido su punto débil en este pulso echado a esa Marea Verde que gana enteros y credibilidad con esta paralización y quizá más voces detrás de la pancarta a partir de ahora. Porque a la voluntad política hay que acompañarla con motivaciones técnicas o de interés general sin perder de vista que por una batalla no se pierde la guerra.

Los colectivos que judicializaron esta decisión política sí aportaron al juez datos sobre el motivo de llevar el asunto a la justicia ordinaria y, sobre todo, un argumento sólido para paralizar su implantación antes del proceso de matriculación, previsto para los primeros días del mes de julio. La paralización temporal llega a tiempo, y es de agradecer para los alumnos que tuvieran pensado pedir plaza en un centro concertado, para que puedan buscar hueco en alguno de los centros públicos que tiene Aragón y así evitar que aumenten las plazas vacantes en este ciclo de la enseñanza. El juez ha llegado a tiempo para no provocar un cisma en pleno verano. Y la casualidad ha querido que se pronuncie solo un día después de que el Consejo de Gobierno de la DGA anunciase un incremento de fondos públicos para la concertación que permitiera incluir el primer curso de Bachillerato en septiembre. Esta decisión no debió influir en la decisión del juez a la hora de adoptar la suspensión cautelar, demasiado poco tiempo para que lo hiciera, pero aumenta la magnitud del varapalo para el Gobierno de coalición porque demuestra que esta inyección dirigida a los centros con los que concertar este ciclo era precipitada. Obviar que una decisión judicial tan importante como resolver si se daba o no esta paralización temporal, a sabiendas de que estaba pendiente y que caería por estas fechas, le ha acabado pasando factura. De momento, se están tomando su tiempo para reaccionar, ayer no hubo declaraciones oficiales del Gobierno, pero habrá que darlas y más pronto que tarde. Porque esta asignatura ahora se le queda pendiente al menos para un curso más.

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