La palabra dada

Hay una diferencia profunda entre administrar una institución y gobernarla. Administrar consiste en gestionar procedimientos, presupuestos, expedientes y reglamentos. Gobernar consiste en algo más complejo y difícil: generar confianza. Porque una institución puede disponer de recursos, competencias e incluso de una mayoría política y, sin embargo, ir perdiendo poco a poco aquello que verdaderamente sostiene su autoridad ante los ciudadanos. Y aquello que la sostiene no son los reglamentos: es la confianza.

La confianza es probablemente el capital más importante de cualquier institución pública. No aparece en los presupuestos ni puede medirse en discursos, pero determina la calidad moral de la vida pública. Cuando existe, los desacuerdos se resuelven; cuando desaparece, incluso los acuerdos más sencillos se vuelven imposibles. Por eso las sociedades maduras conceden tanto valor a la palabra dada. Porque entienden que una comunidad política no puede funcionar si los compromisos sólo obligan mientras resultan convenientes.

He recordado esta idea al leer el reciente artículo del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza sobre lo sucedido durante la votación para la concesión de las Medallas de Santa Isabel. Lo he leído con interés porque siempre es saludable que quienes ostentan responsabilidades públicas expliquen sus decisiones. Sin embargo, al terminarlo tuve una sensación extraña: encontré una larga explicación sobre las reacciones producidas, pero no una explicación sobre las causas que las provocaron.

El Grupo Popular no está en contra de los galardonados. Nunca lo ha estado. Consideramos que quienes reciben este año las Medallas de Santa Isabel merecen todo el reconocimiento por su labor y trayectoria. Tan evidente es esta realidad que dejamos expresamente a uno de nuestros diputados en el pleno para respaldar con su voto dichas distinciones. Este es un dato objetivo, fácilmente verificable y extraordinariamente relevante para el caso que nos ocupa, pero que el señor Quero oculta en su artículo para evitar que los cimientos de su argumentario se diluyan como azucarillos, porque demuestra que nuestra discrepancia no estaba en las medallas ni en las personas reconocidas.

La razón de nuestra protesta fue otra, y resulta llamativo que sea precisamente esa razón la gran ausente en las explicaciones ofrecidas por el presidente de la Diputación. Lo ocurrido tiene su origen en un compromiso adquirido el año anterior, un compromiso personal: el señor Quero se comprometió a que si el Grupo Popular apoyaba la propuesta de medallas impulsada por el equipo de gobierno, al año siguiente sería atendida la candidatura presentada por nuestro grupo. Se trataba simplemente de un acuerdo entre responsables públicos que entienden que las instituciones funcionan mejor cuando existe un mínimo espacio para la confianza y la palabra dada.

Nosotros cumplimos nuestra parte. Lo hicimos porque creemos que los compromisos están para cumplirse, porque entendemos que la política no puede convertirse en un ejercicio permanente de cálculo oportunista, y porque pensamos que la palabra empeñada conserva todavía algún valor. Sin embargo, cuando llegó el momento de responder con la misma lealtad, el compromiso del presidente de la Diputación desapareció. Y desapareció precisamente cuando la candidatura propuesta por el Partido Popular hacía referencia a las escuelas taurinas de Zaragoza: este es el hecho central de toda esta cuestión. Y entonces conviene preguntarse por qué las escuelas taurinas vuelven a encontrarse una vez más con el mismo muro. Hablamos de instituciones que durante años han desarrollado una labor formativa reconocida por miles de aficionados, profesionales y familias, de jóvenes que dedican tiempo y esfuerzo a aprender una tradición profundamente vinculada a la historia cultural de nuestra tierra, de una actividad que forma parte del patrimonio cultural y sentimental de una parte muy importante de la sociedad zaragozana.

Y, sin embargo, cada vez que se trata de reconocer esa realidad aparece una resistencia por parte del presidente de la Diputación difícil de comprender, y no es la primera vez que ocurre. Ya sucedió con las dificultades anteriores a la labor de esas escuelas taurinas en la plaza de la Misericordia, con la suspensión de la Feria de San Jorge, y vuelve a suceder ahora cuando se niega un reconocimiento institucional que, según el compromiso adquirido, debía haber sido atendido. Por eso muchos ciudadanos tienen derecho a preguntarse qué explica esta actitud reiterada. Porque una discrepancia puntual puede entenderse, lo que resulta más difícil de entender es una sucesión constante de decisiones que parecen dirigirse siempre en la misma dirección.

Naturalmente, nadie discute el derecho del señor Quero a tener sus propias opiniones sobre la tauromaquia. Faltaría más. En una sociedad libre cada cual es dueño de sus convicciones. El problema aparece cuando esas convicciones parecen traducirse sistemáticamente en decisiones institucionales que afectan a miles de ciudadanos que no comparten esa visión.

Gobernar significa comprender que una institución pertenece también a quienes piensan distinto. La Diputación Provincial de Zaragoza pertenece a todos los zaragozanos, también a quienes aman la tauromaquia, a quienes participan en ella y a quienes consideran que forma parte inseparable de nuestra historia cultural. Esa es la grandeza y también la exigencia de cualquier institución democrática.