Legitimar la teocracia iraní

El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán pone fin provisionalmente a la guerra iniciada el 28 de febrero y abre un plazo de sesenta días para negociar un acuerdo definitivo. Sus 14 puntos establecen el cese de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de una negociación sobre el programa nuclear iraní. A cambio, Washington se compromete a levantar progresivamente las sanciones, desbloquear activos iraníes congelados y promover un programa de reconstrucción económica valorado en al menos 300.000 millones de dólares.

El acuerdo modifica sustancialmente la posición internacional de Irán. Aunque el régimen sale militarmente debilitado tras cuatro meses de guerra, obtiene importantes beneficios políticos y económicos. No solo recupera el acceso a inversiones internacionales y a activos congelados, sino que encuentra una vía para reducir su aislamiento exterior. La cláusula de no injerencia mutua refuerza además esa posición al implicar la renuncia explícita de Estados Unidos a cualquier estrategia orientada a promover cambios internos en Irán. Quedan así atrás las expectativas de transformación política que acompañaron el inicio del conflicto y se asume la continuidad de la República Islámica como un elemento estable del futuro equilibrio regional.

Sin embargo, la firma del memorando dista de resolver las cuestiones más complejas. El futuro del programa nuclear iraní, los mecanismos de inspección, el destino de las reservas de uranio enriquecido y el calendario de levantamiento de sanciones siguen pendientes de negociación, mientras las conversaciones previstas continúan acumulando retrasos. A ello se suma la fragilidad del alto el fuego y la oposición de Israel, cuya ofensiva en Líbano provocó el aplazamiento de los contactos previstos entre Washington y Teherán. El Gobierno de Binyamín Netanyahu considera insuficientes las garantías obtenidas sobre el programa nuclear iraní y mantiene importantes reservas sobre la normalización económica de Irán, de modo que la viabilidad del acuerdo dependerá en buena medida de la capacidad de Estados Unidos para imponerlo a su principal aliado en la región.

Pero, con independencia de cómo concluyan las negociaciones, Estados Unidos ya ha reconocido a la República Islámica como interlocutor legítimo y ha aceptado su reintegración económica internacional sin exigir reformas políticas internas, consolidando de hecho al régimen y cerrando, al menos a medio plazo, cualquier expectativa de cambio. En este sentido, el acuerdo confirma el diagnóstico formulado por Anne Applebaum en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo de Prensa Ibérica sobre la evolución de la política exterior estadounidense. Al normalizar sus relaciones con la teocracia iraní y asumir su continuidad como parte del equilibrio regional, Trump no solo alinea la política exterior estadounidense con las autocracias, sino que relega la promoción de la democracia entre las prioridades de Washington. La legitimación internacional de la República Islámica, por tanto, es la expresión de una tendencia ya visible en escenarios como Venezuela, donde la estabilidad y la gestión de intereses se imponen cada vez más a la defensa de los principios democráticos que durante décadas guiaron la acción exterior estadounidense.

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