Ni condena ni persecución

La apertura de juicio oral contra Begoña Gómez marca un punto de inflexión en una causa que, desde sus inicios, ha tenido una clara dimensión política. La decisión confirma que el juez aprecia indicios suficientes para que los hechos sean sometidos a juicio, pero no pone fin a las controversias que han acompañado el procedimiento y que algunas actuaciones del instructor han contribuido a alimentar.

La esposa del presidente del Gobierno será juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, pese a que la Fiscalía ha mantenido durante la instrucción una posición favorable al archivo de la causa. Las acusaciones sostienen que utilizó su posición y las relaciones derivadas de ella para favorecer determinados proyectos empresariales vinculados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, que intervino en actuaciones relacionadas con el empresario Juan Carlos Barrabés y que intentó incorporar a una esfera privada activos desarrollados en el marco de dicha cátedra. Junto a ella también serán juzgados María Cristina Álvarez y el propio Barrabés por distintos delitos relacionados con esos mismos hechos.

Las medidas cautelares impuestas por el juez Peinado a Begoña Gómez se fundamentan en el riesgo de fuga derivado de la gravedad de las penas que podrían imponerse en caso de condena. Por ello, ha acordado la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y comparecencias periódicas ante el juzgado. La cuestión no es la naturaleza de estas medidas, sino la consistencia de los argumentos utilizados para justificarlas. En este sentido, resulta difícilmente justificable la referencia a una eventual colaboración de los agentes encargados de la seguridad de la familia del presidente en una hipotética fuga. No porque ese riesgo no pueda ser valorado judicialmente, sino porque esa hipótesis proyecta una sospecha sobre servidores públicos sin que el auto aporte una base objetiva que la sustente, algo difícilmente compatible con el rigor exigible a una resolución judicial.

Pero tampoco puede evaluarse esta decisión al margen del contexto en el que se produce. Las revelaciones conocidas en las últimas semanas a raíz del caso Leire han alimentado la sospecha de que desde entornos próximos al PSOE pudieron impulsarse actuaciones orientadas a influir o desacreditar determinadas investigaciones. Una circunstancia que no acredita los delitos atribuidos a Begoña Gómez ni corrige las debilidades de algunos razonamientos del auto, pero sí dificulta interpretar toda la causa exclusivamente en términos de persecución judicial.

Precisamente por ello conviene evitar dos errores. El primero, considerar que la apertura de juicio oral equivale a una declaración de culpabilidad. El segundo, interpretar toda la causa como una manifestación de persecución política. Los indicios deberán ser valorados en el juicio. Sin embargo, algunas decisiones adoptadas durante la instrucción y ciertos argumentos incluidos en el auto han terminado centrando la atención en la actuación del propio juez y no en los hechos que deberán ser juzgados, algo que difícilmente contribuye a preservar la confianza en la Justicia.

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