La UE se equivoca

Hace unos días, escuchaba al Papa decir en Canarias que «Europa no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas». Era el mismo día en que entraba en vigor en la UE el nuevo Pacto de Migración y Asilo (PEMA) que restringe los controles y acelera las expulsiones de los migrantes. Mientras, León XIV seguía afirmando que «todos de algún modo somos migrantes». «Ayudemos a hacer de esta travesía un lugar más humano para todos, aportando lo que esté al alcance de cada uno».

Desde mi agnosticismo me resulta imposible entender el efecto de estos y otros muchos discursos del Papa en las conciencias de los católicos, pero hay que reconocer que ha sido demoledor contra los xenófobos, implacable con los practicantes de la doble moral, valiente contra quienes transigen con la cultura del odio a los de fuera. «La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar las fronteras».

Son tiempos difíciles para quien, desde el conservadurismo, hacen de su fe y del humanismo cristiano la brújula que oriente sus vidas. Estoy convencido que comulgar por la mañana y agitar las banderas del odio y de la prioridad nacional por la tarde, tras este enorme tirón de orejas del Papa, no les dejará dormir muy bien.

Aún no se ha desplegado el PEMA y, como muy bien decía el Papa, «Europa no puede actuar contra la dignidad humana»: porque el primer acuerdo sobre migración y asilo en la historia de la Unión Europea entró en vigor el pasado 12 de junio y esta semana ya ha sido rebasado con el acuerdo en el Parlamento de nuevas medidas más restrictivas en la UE.

Se aprobó en el 2024 como una respuesta al desorden y a los conflictos entre los estados miembros desde 2015 ante las peticiones de asilo en suelo europeo de más de un millón de sirios, iraquíes y afganos que huían de sus países en guerra. El paso de miles de inmigrantes irregulares entre las fronteras de países dentro del espacio de libre circulación (Schengen) ocasionó que algunos cerraran las fronteras, otros los persiguieran, los más pusieron alambradas para cerrarles el paso. Esa imagen de miles de personas vagando entre las fronteras de media Europa, fue determinante para buscar un marco común que resolviera las discrepancias. La pandemia del Covid-19 y la diáspora producida por la invasión rusa de Ucrania en 2022 aceleraron la redacción del acuerdo que se produjo sin unanimidad, con dos estados votando en contra (Polonia y Hungría) y dos abstenciones (Austria y Eslovaquia) y un pronóstico de dificultades que estos años han quedado de manifiesto.

A pesar del cierto equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, que recoge el PEMA, el pacto cuestiona derechos fundamentales: permitiendo la retención de todo solicitante de asilo durante 12 semanas en la frontera, sin permitirle la entrada en territorio nacional. Se elimina la asignación de cuotas entre estados miembros, de manera que cada uno las pueda determinar o no, dejando una puerta abierta a la suspensión de compromisos ante situaciones de fuerza mayor. También recoge la idea de crear centros de internamiento en terceros países, y una serie de medidas, que antes de ser evaluadas y contrastadas han sido superadas por el «Nuevo sistema para el retorno de inmigrantes sin derecho a permanecer en la UE», aprobado el 17 de este mes en el Parlamento entre vítores y exabruptos de las bancadas conservadoras. Como muy bien resumía un eurodiputado. «Con el PEMA aseguramos la puerta delantera de la UE. Con el reglamento de retorno aseguramos la trasera».

¿En qué consiste? En aumentar las tasas de retorno de los demandantes de asilo rechazados. Los no admitidos deberán cooperar para su expulsión, porque en caso contrario podrán ser detenidos hasta 30 meses. Los países de origen que se nieguen a recibirles, deberán atenerse a las consecuencias económicas, políticas y estratégicas que ya tiene definidas la Presidenta de la Comisión para llevar con urgencia al Consejo. Las deportaciones a terceros países de África o Asia sin limitación temporal no llevarán consigo la asistencia jurídica. Se permitirán las redadas policiales al estilo del ICE norteamericano en los domicilios particulares al más puro estilo trumpista. Los costes de deportación, así como las construcciones de los centros de retención serán financiadas por la UE.

Son políticas que suponen un riesgo contra los derechos humanos de la población migrante en situación irregular. Con estas medidas, los derechos de los migrantes pasan a un segundo lugar en la UE. El miedo y la sinrazón se han impuesto a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, sin ellos se puede perder una parte sustancial de la esencia europeísta. ¡Así, no se construye la UE del derecho, el respeto y la solidaridad!

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