Qué queda de los servicios sociales

Los servicios sociales tal y como hoy los conocemos nacieron con la democracia. Primero, con iniciativas que surgen en ayuntamientos a final de la década de los 70 del pasado siglo y posteriormente, en los 80, con las nacientes comunidades autónomas.

Con ese impulso, fuimos capaces de superar una secular herencia benéfica y asistencial anquilosada durante la dictadura, y nos acompasamos a los modelos europeos de Bienestar Social con normas, estructuras y presupuestos que sentaron las bases de este sistema.

Teníamos la ilusión de convertir los servicios sociales en un sistema público de protección social que garantizase prestaciones y servicios de derecho a todos los ciudadanos, configurándose como el cuarto pilar del Bienestar, junto a Sanidad, Educación y garantía de rentas (pensiones y subsidios).

Los objetivos de este nuevo sistema eran contribuir a la igualdad, interviniendo especialmente con los colectivos más vulnerables, favorecer la inclusión social, apoyar la autonomía personal y el cuidado a personas en situación de dependencia, y promover la convivencia positiva, en una sociedad en la que el aislamiento y la soledad están más arraigados.

El 1,75% de la riqueza de España –PIB– se destina actualmente a financiar el sistema público de Servicios Sociales, que atiende cada año a unos 8 millones de personas. Datos que expresan el importante desarrollo que han alcanzado ese proyecto cuya andadura iniciamos hace 50 años en algunos ayuntamientos, entre ellos el de Zaragoza y en muchas poblaciones rurales en Aragón, que fuimos referencia para el resto de España.

A pesar de este arraigo, en los últimos años se aprecian síntomas que amenazan las esencias del sistema público de servicios sociales. Uno de los más preocupantes es el abandono de las políticas de inclusión; 45,5 de los 47 millones de presupuesto con los que contaba el Ingreso Aragonés de Inserción en 2020, desaparecieron con el argumento de que la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMI) los hacía innecesarios. Una confusión entre pobreza (carencia de recursos para lo más básico, objetivo del IMI como garantía de rentas) y la inclusión, como aislamiento o falta de capacidades para participar en la vida colectiva.

Otro síntoma es la falta de impulso a la atención a la dependencia. La única preocupación de las Administraciones, y eso incluye tanto al ministerio como al gobierno de Aragón, es poder decir que se atiende a muchas personas, que se reduce la tasa de desatención. Pero con prestaciones y servicios extraordinariamente reducidos, muy lejos de lo que necesitan las personas en situación de dependencia y sus familias.

Es en los presupuestos donde se reflejan las verdaderas prioridades de los gobernantes. Y donde se pone de manifiesto que los servicios sociales no están entre esas prioridades.

Por si fuera poco, la primera decisión del departamento titular de los servicios sociales –que, por supuesto, no se llama así– en el nuevo Gobierno de Aragón ha sido suprimir las direcciones generales de Igualdad y de Inclusión. Más allá de lo que pueda suponer a nivel organizativo, es sintomático que hayan hecho desaparecer de la estructura del departamento los nombres de «igualdad» e «inclusión». Toda una declaración de intenciones.

Un panorama poco optimista, sin duda. Cabe preguntarse entonces qué queda de ese sistema público de derechos de ciudadanía que con tanta ilusión llevamos construyendo durante 50 años.

Queda toda una red de profesionales comprometidos en sus centros y servicios, en todos y cada uno de los pueblos y en los barrios de las ciudades. Quizás la red más extendida de servicios de proximidad en nuestro territorio. En centros y servicios de mayores, de personas con discapacidad, de atención a menores y acogimientos familiares, en centros de reforma, en apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, de atención a personas sin hogar...

Quedan multitud de entidades sin ánimo de lucro desarrollando una encomiable labor en favor de la integración social de personas y colectivos con dificultades o iniciativas para abordar las situaciones de soledad… Quedan –quedamos– profesionales comprometidos con la mejora y calidad de los servicios, y dispuestos a evaluar y comunicar las políticas sociales.

Apoyados en todo este capital humano, frente a la desidia de algunos gobiernos, los servicios sociales podemos aspirar a seguir siendo una referencia para avanzar hacia la igualdad, para favorecer la inclusión social, para promover la autonomía personal, para apoyar a quienes necesitan cuidados por su situación de dependencia y para encontrar alternativas a la soledad.

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