De Ábalos a Peinado

El poder judicial es –junto al legislativo y al ejecutivo– uno de los poderes de Estado democrático. Y a veces –no solo en España– chocan. En Francia, Sarkozy tuvo que entrar hace poco en prisión y aún está pendiente del juicio por la financiación libia de una de sus campañas. Y Marine Le Pen no sabemos si podrá presentarse a las presidenciales por estar condenada –¡ojo!– en sentencia no firme. Y en América, el Supremo –con el voto de algunos magistrados nombrados por Trump en su primer mandato– ha dictaminado contra su famosa ley arancelaria.

El choque entre políticos y jueces no es nuevo y los perjudicados critican siempre el lawfare, la politización de la Justicia. Pero las sentencias son sentencias. Y la de la sala segunda del Supremo, por unanimidad de sus siete magistrados (no todos conservadores), contra el exministro y exsecretario de organización del PSOE, está ahí: 24 años contra Ábalos y 19 contra Koldo por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Todo se resume en corrupción en el Gobierno socialista y es muy hiriente porque Ábalos fue una pieza clave junto a Sánchez, el que hizo la requisitoria contra Rajoy en la célebre moción de censura, y sus delitos indican una catadura moral radicalmente contraria a la predicada por el PSOE.

Es un nuevo y duro golpe para Pedro Sánchez, debilitado por su falta de mayoría parlamentaria y por los múltiples casos judiciales, el último el de Zapatero y sus joyas. Feijóo ya ha vuelto a exigir que Sánchez dimita. Y en una democracia ideal ya lo habría tenido que hacer. Pero, cierto, en esta condena no hay nada de financiación ilegal. Y el caso Gürtel, que afectaba al PP, se ha juzgado con más de diez años de retraso y Rajoy sobrevivió varios años –e incluso fue reelegido– tras el estallido del caso Bárcenas, el tesorero que sisó 42 millones de la financiación extra. En todo caso la decencia política, las leyes y la Constitución marcan el camino a seguir. Y gobernar toda una legislatura sin presupuestos es una marca difícil de batir.

Pero hay conductas extrañas y preocupantes, como la del juez Peinado. No voy a entrar en la instrucción del caso de Begoña Gómez, pero es evidente que adoptar medidas cautelares –como la privación del pasaporte y la presentación cada 15 días– por riesgo de fuga, indican una clara animosidad. ¿Alguien sensato puede creer que la esposa del presidente se vaya a escapar? Y aducir que los policías que la escoltan puedan ayudarla suena a puro disparate y ha provocado la indignación de los sindicatos policiales y del ministro del Interior. E incluso el Consejo del Poder Judicial ha abierto una investigación. Y para arreglarlo, Peinado ha ordenado que entregue "personalmente" el pasaporte mañana, el día de la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

La democracia es conflictiva y la relación entre jueces y políticos no es la excepción. Pero en España nos estamos pasando bastante. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.

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