La responsabilidad del presidente

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno se produjo después de que la condena de José Luis Ábalos, las investigaciones sobre Santos Cerdán y la apertura de diligencias judiciales que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, uno de sus principales referentes políticos y morales, agravaran una crisis que alcanza a la dirección del partido y al propio Ejecutivo.

Las explicaciones ofrecidas, sin embargo, distan de haber sido satisfactorias, especialmente en el caso ya juzgado. Sánchez centró su intervención en desvincular al Gobierno y al PSOE de unos hechos que circunscribió a un reducido grupo de dirigentes vinculados a la antigua secretaría de organización del partido. Al mismo tiempo, defendió a su esposa y a su hermano frente a las investigaciones judiciales que les afectan, atribuyéndolas a una campaña de acoso político y mediático, y respondió a las críticas de la oposición mediante la comparación con los casos que afectan al PP.

Los interrogantes fundamentales, sin embargo, siguen sin respuesta. Sánchez sostiene que ha actuado con firmeza contra la corrupción, pero Ábalos fue cesado como ministro en 2021 y todavía hoy se desconocen las verdaderas razones de aquella decisión. Si no existían sospechas sobre su comportamiento más allá de cuestiones relacionadas con su vida privada, el cese resulta difícil de comprender. Y si las había, resulta aún más difícil explicar por qué se le permitió seguir como diputado y mantener relevancia política durante años. Una contradicción que apunta no solo a una dejación de responsabilidades, sino a una grave falta de diligencia, difícil de justificar a la luz de los hechos posteriores.

Las dudas no se limitan a la gestión posterior del caso Ábalos, sino también a las decisiones que lo hicieron posible. Fue Sánchez quien lo eligió como secretario de organización y como ministro. Ese dirigente ha sido condenado en una sentencia que menciona la existencia de una organización criminal. Su sucesor al frente de la organización del partido, Santos Cerdán, está siendo investigado por delitos relacionados con una presunta trama de características semejantes. Que dos secretarios de organización consecutivos nombrados por el mismo líder hayan terminado vinculados a acusaciones tan graves difícilmente puede atribuirse a la mala fortuna, por lo que la reiteración del patrón plantea dudas legítimas sobre los criterios de selección y los mecanismos de control dentro del partido.

En consecuencia, la responsabilidad del presidente es doble. Lo es in eligendo, porque ha confiado en dirigentes que hoy aparecen condenados o investigados por corrupción. Y lo es también in vigilando, porque o no detectó o no investigó a tiempo conductas delictivas. La acumulación de ambas responsabilidades, unida a la insuficiencia de sus explicaciones, ha erosionado su capacidad para seguir ejerciendo el liderazgo que la situación exige, especialmente ante los votantes y militantes que le dieron su confianza. Mientras quien tomó esas decisiones continúe al frente del Gobierno y del PSOE, difícilmente podrá cerrarse esta crisis. Su relevo aparece así como la alternativa institucionalmente más adecuada para restablecer la confianza, facilitar una recomposición política y garantizar la continuidad de la legislatura.

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