Implosión en el ministerio del Interior

En el transcurso de esta semana el sanchismo ha logrado una simbiosis fascinante entre el código penal y el organigrama público, elevando la imputación a la categoría de mérito administrativo. Contemplar lo que está ocurriendo como ciudadanos interesados en la praxis política produce una mezcla de asombro zoológico y fatiga democrática. Lo que el Gobierno y el PSOE califican como crisis aisladas hoy se despacha como una producción industrial de sumarios en cadena.

El último hito de esta factoría procesal es el bautizado como caso Hirurok. El juez Santiago Pedraz firmó el pasado lunes una providencia impecable: veinticinco imputados de una sola tacada. El listado incluye los tres últimos presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Además, se suman otros altos funcionarios que participaron en las cinco tramas que por el momento la UCO ha trasladado a la fiscalía en su informe 188/25. Estas son: Mercasa, Enusa, SEPI-FASEE -Tubos Reunidos, Erri Berri y Grupo Forestalia y los ilícitos penales por los que indiciariamente estarían siendo investigados: tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa, actividades prohibidas a los funcionarios públicos (art. 442 CP) y organización o grupo criminal. Parece como si la SEPI hubiese mutado de holding financiero a pasarela procesal penal. La traca que mayor estruendo ha producido, por el momento, llegó el jueves, alcanzando a la cúpula de la Seguridad Pública. La imputación de la Directora General de la Guardia Civil, Mercedes González, y del DAO, Manuel Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia, ha marcado un hito que difícilmente volverá a superarse.

Los encargados de perseguir el delito terminan investigados por reunirse con la fontanería de Ferraz, ordenar «ponerse de perfil» y torpedear pesquisas de investigación. Ante esta indecencia, la dimisión fulminante de González y Llamas es un imperativo higiénico, al igual que su superior jerárquico, el ministro Fernando Grande-Marlaska, cuya obstinación en mantener la confianza en una jefatura bajo sospecha lo convierte en patrocinador político del desastre.

El horizonte penal también amenaza con la posible imputación del PSOE como persona jurídica, su gerente Ana María Fuentes está siendo investigada ya, desde mayo, y las medidas de prevención contra los presuntos delitos (compliance), por lo visto, han fallado. Si esto llega a ocurrir, pueden imaginarse que dirá Pedro Sánchez, entonces. ¿Cuánto cinismo más debemos aguantar?

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