Divide y no vencerás

Hay estrategias políticas que no necesitan resolver los problemas, les basta con repartir culpas. Son más rápidas y mucho más sencillas de explicar que la complejidad de gobernar. Si algo falla, siempre habrá alguien a quien señalar. El parado, el inmigrante, el pensionista, quien está de baja médica o quien recibe una ayuda pública. La política deja de consistir en gestionar intereses legítimos para convertirse en un ejercicio de distribución de sospechas.

En las últimas semanas el debate público ha ofrecido una sucesión de ejemplos. Las bajas laborales se presentan como la consecuencia de un absentismo descontrolado, el aumento del gasto en pensiones como un agravio para los jóvenes, la inmigración como la responsable del deterioro de los servicios públicos o las plazas de escuelas infantiles como un supuesto privilegio para quienes no trabajan. Todos unidos por la misma lógica de enfrentar colectivos que, en realidad, comparten los mismos problemas.

La eficacia del relato reside precisamente en su simplicidad. Es mucho más fácil convencer a un trabajador de que alguien vive mejor gracias a sus impuestos que explicar por qué la sanidad necesita más profesionales, por qué el mercado laboral sigue generando precariedad, por qué faltan viviendas asequibles o por qué el envejecimiento de la población obliga a repensar el Estado del bienestar. La complejidad nunca gana elecciones con la misma facilidad que un culpable reconocible.

Así se instala la idea de una España que trabaja y sostiene el país frente a otra España subvencionada que vive a costa de ella. Es un marco que simplifica una realidad mucho más diversa. Porque quienes hoy cobran una pensión cotizaron durante décadas, quien está de baja no deja de ser trabajador por enfermar o quien recibe una prestación por desempleo probablemente haya contribuido antes al sistema y vuelva a hacerlo cuando encuentre empleo.

El truco consiste en situar siempre al ciudadano que escucha en el lado correcto de la frontera moral. Es una apelación tan eficaz como peligrosa porque convierte cualquier derecho ajeno en una amenaza para el propio. Pero los derechos no funcionan como un juego de suma cero, si una persona reciba atención sanitaria o una prestación por incapacidad no implica que otro la pierda. El debate debería ser cómo financiar mejor los servicios públicos, cómo hacerlos más eficientes o cómo adaptarlos a una sociedad que envejece y cambia.