El Turno de Oficio: una garantía del Estado de Derecho que debemos cuidar

Cada 12 de julio se conmemora el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Detrás de ese nombre no hay solo un procedimiento administrativo o un sistema de compensación económica. Hay cientos de abogados y abogadas que, los 365 días del año y a cualquier hora, hacen que el derecho de defensa sea real para cualquier persona, con independencia de su situación económica o de las circunstancias en las que necesite asistencia jurídica.

El Turno de Oficio es una de las expresiones más visibles del compromiso social de la abogacía. Es un servicio público organizado por los Colegios de la Abogacía y prestado por profesionales que acceden voluntariamente, acreditan una formación específica y asumen una disponibilidad permanente para atender situaciones que, muchas veces, requieren una respuesta inmediata.

Cuando una persona es detenida, cuando una víctima de violencia sobre la mujer necesita asistencia urgente o cuando un ciudadano carece de recursos para defender sus derechos ante los tribunales, siempre hay un abogado o una abogada del Turno de Oficio dispuesto a intervenir. Esa disponibilidad permanente es una de las fortalezas menos conocidas de nuestro sistema de justicia, debiendo hacer mención a los compañeros que desarrollan y permiten el correcto funcionamiento del Turno de Oficio en los Partidos judiciales con especial dificultad de cobertura, tanto por el número de letrados y letradas disponibles, como por lo extenso, en ocasiones, del territorio que abarca el partido judicial de su área de actuación.

Los datos publicados recientemente por el Consejo General de la Abogacía Española reflejan la dimensión de este servicio. En 2025 la inversión destinada al Turno de Oficio alcanzó casi 356 millones de euros y más de 39.000 profesionales estuvieron adscritos al servicio en toda España. Son cifras que muestran el enorme esfuerzo organizativo y profesional que requiere garantizar el derecho de defensa en cualquier lugar y a cualquier hora.

En Aragón, durante 2025 se superaron las 34.000 designaciones y los 35.600 asuntos de Turno de Oficio, con una actividad especialmente intensa en los procedimientos relacionados con la violencia sobre la mujer. Detrás de cada uno de esos expedientes hay personas que atraviesan algunos de los momentos más difíciles de su vida, y profesionales que les prestan asistencia jurídica con independencia, preparación y dedicación.

El debate público se centra, con toda lógica, en quienes necesitan esa protección. Pocas veces se pone el foco en quienes hacen posible que el sistema funcione. El abogado del Turno de Oficio suele ser el primer profesional que acompaña a una víctima, que asiste a una persona detenida o que garantiza que nadie quede sin defensa técnica por carecer de recursos. Ese trabajo, discreto y muchas veces invisible, es una pieza esencial del Estado de Derecho.

Precisamente porque hablamos de un servicio público esencial, hay que reflexionar sobre las condiciones en las que se presta. En Aragón hemos trasladado recientemente al nuevo director general de Justicia la necesidad de seguir mejorando los espacios destinados a los profesionales que prestan servicio en el Juzgado de Guardia y en las Secciones de Violencia sobre la Mujer. No es una cuestión de comodidad: quienes atienden a ciudadanos y víctimas en situaciones especialmente delicadas deben poder trabajar en condiciones acordes con la responsabilidad que asumen.

También hemos insistido en la necesidad de revisar los baremos que compensan las actuaciones del Turno de Oficio. En diez años solo han subido un 7%, muy por debajo de la evolución de los costes y de la complejidad que ha ido adquiriendo el ejercicio profesional. Y puede parecer difícil de creer, pero todavía hoy existen actuaciones que la propia ley obliga a realizar a los abogados del Turno de Oficio y que, sencillamente, no figuran en los baremos. El resultado es que el legislador crea nuevas obligaciones sin prever la correspondiente compensación económica para quienes deben cumplirlas.

No es una reivindicación corporativa. Los abogados y abogadas del Turno de Oficio no necesitan que nadie dignifique su trabajo: su profesionalidad, su independencia y su compromiso quedan acreditados cada día en los juzgados, en las comisarías y en los servicios de guardia. Lo que corresponde a las administraciones públicas es compensar de forma justa un servicio público prestado por profesionales altamente cualificados.

Garantizar el derecho de defensa exige mucho más que aprobar leyes. Requiere profesionales preparados, una organización colegial eficaz y unas condiciones que permitan prestar el servicio con la calidad que la ciudadanía merece. Cuidar el Turno de Oficio significa fortalecer una de las garantías esenciales de nuestro Estado de Derecho.

Porque el derecho de defensa no empieza cuando se dicta una sentencia. Empieza en el momento en que cualquier ciudadano necesita un abogado y tiene la certeza de que encontrará a un profesional dispuesto a defender sus derechos con el mismo rigor, la misma independencia y el mismo compromiso que exige nuestra Constitución. Ese compromiso nunca ha faltado por parte de la abogacía. Ahora corresponde a las administraciones asegurar que pueda seguir prestándose con la calidad y la estabilidad que la sociedad merece.