El Aragón real

«La medida de una sociedad no está en cómo trata a quienes más tienen, sino en cómo protege a quienes más necesitan». Esta idea golpea con fuerza e interpela, más que nunca, a nuestras instituciones públicas. Así ha quedado de manifiesto en la presentación del Informe de 2025 del Justicia de Aragón.

Cada año este informe debería hacernos reflexionar sobre cuál es el estado de nuestra comunidad. Es la radiografía de la realidad que viven miles de aragoneses que, cuando la Administración les falla, encuentran en el Justicia el último recurso para defender sus derechos. Porque detrás de cada expediente hay una persona esperando una prestación que no llega, un paciente atrapado en una lista de espera, un estudiante sin los apoyos que necesita, un pequeño ayuntamiento incapaz de prestar los servicios mínimos con recursos insuficientes, o una persona dependiente cuya vida queda suspendida en el tiempo a causa de la lentitud administrativa.

Por el contrario, mientras el Gobierno de Aragón insiste en proyectar una imagen de estabilidad a golpe de grandes titulares, la Justicia nos devuelve al Aragón real. El de unos servicios públicos tensionados y abandonados, una Administración que llega tarde y unos derechos que en demasiadas ocasiones dependen de la capacidad del ciudadano para reclamarlos.

No son casos aislados. Son el reflejo del modelo de gestión de un Gobierno, el de Azcón, que no planifica, que reacciona tarde y que ha normalizado el deterioro de los pilares del estado del bienestar. Cada recomendación del Justicia es una llamada de atención a un Gobierno que está más preocupado por el relato que por corregir las deficiencias que afectan a la vida cotidiana de los aragoneses, dejándolos totalmente abandonados.

La sanidad continúa acumulando demoras incompatibles con una atención digna; la educación sigue padeciendo improvisación y falta de planificación; los servicios sociales avanzan con una lentitud aplastante. Todo ello mientras el Ejecutivo presume del mayor presupuesto de la historia. Pero los presupuestos, por sí solos, no garantizan derechos. Lo hacen la gestión, la planificación y sobre todo, la voluntad política.

El balance de la Justicia también vuelve a poner de manifiesto una realidad intolerable para quienes vivimos en el medio rural. La igualdad territorial no puede reducirse a discursos vacíos sobre la despoblación mientras se debilitan los servicios públicos y se abandonan nuestros pueblos.

El Informe de 2025 es, en definitiva, una seria advertencia al Gobierno de PP y Vox en Aragón. Gobernar exige escuchar, corregir y, por consiguiente, actuar. Porque los derechos no pueden esperar y el Aragón real merece un Gobierno que gestione más y anuncie menos.

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