Carretera y manta en Sabiñánigo: la historia de nunca acabar

Lo que está ocurriendo con las obras de construcción de la variante de Sabiñánigo, en la autovía A-23, es uno de esos casos en los que la obra pública en España muestra sus enormes debilidades para atajar comportamientos que hace años eran impensables y que ahora parecen que se pueden dar con total impunidad. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lleva siete meses esperando a que las empresas adjudicatarias de las obras levanten la paralización de los trabajos que realizó de forma unilateral por no llegar a un acuerdo en el tercer modificado de una obra que ya tenía aprobado otros dos por valor de más de cien millones de euros.

Ahora nadie dice ni lo que está pidiendo ni por qué, pero no se ponen de acuerdo y ahí sigue, parada cuando apenas le queda por ejecutar el 2% de un proyecto que se le adjudicó en otoño de 2019. Ojo que estamos hablando de casi siete años para culminar un proyecto que debería haberse ejecutado en 40 meses. Ese es el plazo por el que se comprometió a hacerlo la unión temporal de empresas formada por Rover y Aldesa, que ahora ha frenado en seco su terminación pero en su día se comprometió a hacerla no solo en plazo sino además mucho más barato que el presupuesto por el que salió a licitación en un concurso al que se presentaron nada nás y nada menos que 28 ofertas.

Aquí radica el fondo del problema y eso sí que no es algo nuevo en la historia de las obras públicas y, más concretamente, de las infraestructuras. A ver, una empresa decide unilateralmente pujar por un contrato valorado en 91,6 millones de euros con una oferta en la que promete hacerlo por 21 millones menos, es decir, por 70,9 millones en total, se adjudica el contrato finalmente y luego resulta que no solo no está en el tiempo estimado que debía durar sino que además cuesta 108 millones más que lo que dijo que cobraría y 87 más que el presupuesto que el propio ministerio había estimado cuando puso el contrato sobre la mesa, casi el doble.

Esto es una barbaridad se mire por donde se mire, tenga razón quien la tenga y acabe como acabe este pulso interminable que tiene a Sabiñánigo y la principal puerta de acceso al Pirineo completamente enfangada desde hace meses. Y lo peor de todo es que ni siquiera el Gobierno central tiene más margen de maniobra que rescindir el contrato, una finalización abrupta que la misma UTE está pidiendo y que, aunque no trascienda, entiendo que no lo hace queriendo irse gratis.

Desde fuera de la Administración se ve como algo impensable que estas cosas sucedan, pero pasan. Los usuarios de esa vía en construcción quizá ni siquiera sepan que esas obras están paradas desde hace meses por una cuestión de dinero. Y lo peor es que nadie sabe cuando se podrá terminar este embrollo en el que seguro que nada de lo que se concluya servirá para que nunca más vuelva a suceder. n

Suscríbete para seguir leyendo