A la espera del TJUE

Esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el Derecho de la Unión. Esta decisión no resolverá directamente la situación procesal de Carles Puigdemont ni la del resto de dirigentes afectados, pero su pronunciamiento condicionará el marco jurídico en el que deberán resolver posteriormente el Tribunal Constitucional (TC) y, en última instancia, el Tribunal Supremo (TS), de cuyas decisiones dependerá el cierre definitivo del recorrido judicial del procés y el retorno del conflicto al ámbito político.

La ley de amnistía, aprobada en 2024 como parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, pretendía extinguir la responsabilidad penal, administrativa y contable derivada del procés, con las excepciones previstas en la propia norma. Sin embargo, el TS rechazó aplicarla íntegramente al considerar que la malversación quedaba excluida del ámbito de la amnistía por la interpretación que hizo del requisito de ausencia de enriquecimiento personal previsto en la ley. Una interpretación que mantuvo vigentes las órdenes nacionales de detención de Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, al tiempo que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa siguieron sujetos a las penas de inhabilitación vinculadas a ese delito.

El TJUE debe pronunciarse, entre otros aspectos, sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación y sobre su eventual incidencia en los intereses financieros de la Unión Europea. Si, como apuntan las conclusiones del abogado general, avala el grueso de la norma, el TC contará con un respaldo adicional para resolver los recursos de amparo y los recursos de inconstitucionalidad aún pendientes. Algo que reduciría de forma significativa el margen interpretativo del TS, aunque seguiría correspondiéndole ejecutar las resoluciones y decidir sobre el levantamiento de las órdenes de detención y de las inhabilitaciones.

De confirmarse este escenario, sus efectos trascenderían el ámbito estrictamente judicial y tendrían importantes implicaciones políticas. Un eventual regreso de Puigdemont supondría el fin de una anomalía institucional muy prolongada y reconfiguraría el liderazgo de Junts. Una posibilidad que llega en un momento complejo para la formación, después de que el último barómetro del CEO refleje un retroceso en sus expectativas electorales y evidencie las dificultades para convertir la centralidad parlamentaria que tiene el partido en Madrid en una mejora de su posición en Cataluña. Y más allá de la situación de Puigdemont, el desenlace judicial pondría fin a una etapa que ha condicionado tanto la estrategia de Junts como, en buena medida, la política catalana y la gobernabilidad española durante los últimos años.

En consecuencia, la resolución de las cuestiones judiciales pendientes es una condición necesaria para cerrar el ciclo político abierto por el procés. Una vez exista un criterio judicial definitivo, corresponderá a las instituciones y a los actores políticos asumirlo. Solo así podrán darse por concluidas las consecuencias judiciales del procés y recuperar la normalidad devolviendo de nuevo el conflicto al ámbito estricto de la política.