La especialidad docente de lengua aragonesa: es de justicia

«El Gobierno de España se ha comprometido públicamente a modificar los tres decretos que harán posible acabar con una injusticia que se prolonga tres décadas y permitirá que los maestros de aragonés y de asturiano puedan acceder a sus puestos de trabajo en igualdad de condiciones con los docentes de otras áreas». El profesorado de lengua aragonesa en la enseñanza pública de la Comunidad Autónoma de Aragón representa un colectivo integrado por unas 20 personas.

Todos ellos son personal interino habilitado que renueva su contrato anualmente y lleva en esta situación casi 30 años (desde el curso 1997/98). No pueden consolidar una posición funcionarial de carrera, pues al no estar reconocida la especialidad docente de lengua aragonesa en la legislación vigente, no se pueden convocar procesos selectivos ni incluir estas plazas en las plantillas orgánicas. Por esa razón, no pudieron incluirse en los procesos de estabilización que se desarrollaron en los años 2023 y 2024, perjudicando con ello al personal interino que ocupaba estas plazas, frente al personal que trabaja en otras especialidades. 

El aragonés es una asignatura presente en nuestro sistema educativo. Con distintos regímenes educativos, desde la precariedad inicial de cuatro maestros contratados por los respectivos ayuntamientos (Jaca, Biescas, L’Aínsa y Benás) que impartían clases a 250 alumnos, hasta que durante el periodo 2015-2023, en que estuvo activa la Dirección General de Política Lingüística (DGPL), se llegó a tener una veintena de docentes y casi 1.500 alumnos en sesenta escuelas.

Desde 2018 puede obtenerse la certificación de los niveles A2, B1, B2 y C1 conforme al Marco Europeo de Referencia para las Lenguas y, desde el curso 2020-2021 se puede obtener también el Grado en Magisterio en Educación Infantil y en Educación Primaria, con la Mención de Lengua aragonesa, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Campus de Huesca) de la Universidad de Zaragoza. La medida que ahora se anuncia supondrá un salto cualitativo para esta enseñanza universitaria.

El aragonés forma parte de la oferta curricular obligatoria de los centros autorizados, y es una lengua reconocida por la legislación aragonesa a través del artículo 4 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo del Patrimonio cultural aragonés, y protegida por el Estatuto de Autonomía de Aragón (EAA) y la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, que reconoce el derecho a recibir su enseñanza (art. 3.1 c) y que dedica todo el capítulo V a la enseñanza, así como por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, un tratado internacional que vincula a todas las administraciones públicas y de cuyo cumplimiento deben dar cuenta al Consejo de Europa cada cuatro años (lo que el actual Gobierno de Aragón no ha hecho cuando le tocaba).

Ahora el Gobierno de España se ha comprometido públicamente a modificar los tres decretos que harán posible acabar con esta injusticia que se prolonga tres décadas y permitirá que los maestros de aragonés y de asturiano puedan acceder a sus puestos de trabajo en igualdad de condiciones con los docentes de otras áreas dignificándose, también, de este modo la propia lengua.

Esta fue una de las reivindicaciones que desde la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón llevamos reiteradamente al Ministerio de Educación (cuya titular entonces era Pilar Alegría) sin ningún éxito, hasta que en mayo de 2022 su Secretario General Técnico (Santiago Roura) dio fin a la negociación con una carta en la que decía taxativamente que «dichas especialidades solamente podrían existir en aquellas Comunidades Autónomas en las que, de conformidad con lo previsto en la Constitución, el Estatuto de Autonomía reconociese la oficialidad de la lengua propia correspondiente», lo que no era nuestro caso ni el del asturiano.

Sin embargo, a través de los sindicatos, del Gobierno de Asturias, y del diputado de Chunta Aragonesista en el Congreso, se continuó trabajando desde 2023 para conseguir la equiparación de estos profesores que, en algunos casos dada su situación de interinidad ni siquiera tienen una jornada completa y deben desplazarse a residir a lugares turísticos en que, como sabemos, el precio de la vivienda, por ejemplo, hace poco apetecible la plaza.

Además, para el alumnado (unos 1.300 en el curso 2022-23 que han descendido a la mitad desde que el gobierno del Sr. Azcón está al «mando» de la educación aragonesa) no es lo mejor que cada año cambie su maestro o maestra, rompiendo dinámicas de aprendizaje muy difíciles en una asignatura que cuenta normalmente con una hora de docencia a la semana. Si el Gobierno de España cumple lo que ayer mismo prometió públicamente su ministra de Educación, será el Gobierno de Aragón el que deba implementar la medida en las aulas aragonesas. Veremos.