La VPO alcanzará los precios de la media nacional

El Gobierno aragonés está barajando una nueva subida del precio máximo de las viviendas de protección oficial. El coste del metro cuadrado de estos pisos se situará por encima de los 2.100 euros al aplicarle un incremento, superior al 10%. Este nuevo encarecimiento se planifica apenas un año después que se aprobase una actualización al alza del 9,5%. Si el plan prospera, la vivienda protegida aragonesa habrá escalado un demoledor 20% en este corto periodo. Detrás de esta escalada late la presión de las constructoras, ahogadas por el encarecimiento de los materiales y la fuga de trabajadores hacia los grandes proyectos industriales que hoy se asientan en la región. Las empresas constructoras exigen mantener sus márgenes de beneficios y la administración, en respuesta, parece dispuesta a ceder.

La paradoja habita en el contraste de las cifras. Se calcula que la comunidad necesita incorporar al mercado 6.500 viviendas anuales para absorber la demanda actual, de las cuales 2.200 deberían ser protegidas o públicas. Sin embargo, la receta elegida para reactivar impulsar el sector traslada el problema directamente al bolsillo de los ciudadanos con menos capacidad de recursos. Aragón, que históricamente mantenía el segundo precio de vivienda protegida más barato de España, solo por detrás de Extremadura, da un vuelco drástico para igualarse con los costes de la media nacional. Con este nuevo baremo que está en estudio, un piso tipo de 90 metros cuadrados de superficie, con garaje y trastero rebasaría la barrera de los 220.000 euros.

Para una joven pareja de trabajadores aragoneses que gane el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –unos 2.268 euros mensuales sumando los ingresos de ambos–, el acceso a este supuesto refugio social adquiere tintes de quimera. Afrontar la compra requeriría un ahorro previo casi inalcanzable de 44.000 euros, solo para dar la entrada. Financiar el resto implicaría una letra mensual de la hipoteca cercana a los 750 euros, devorando una parte excesiva de sus ingresos mensuales y poniendo en jaque su capacidad para afrontar las facturas del día a día. En términos prácticos, esta pareja debería entregar íntegro el salario de casi una década de trabajo conjunto, sin gastar un solo euro en comida o ropa, para pagar una vivienda que oficialmente es protegida. Un derecho básico se acaba transformando en una condena financiera.

El Gobierno de Aragón busca amortiguar el golpe inyectando millones de euros en ayudas directas a los compradores –entre 17.000 y 22.000 euros por beneficiario–, financiadas en parte mediante la eliminación de las subvenciones a los promotores. Es un trasvase de dinero público que, en la práctica, termina subvencionando los sobrecostes del sector privado para mantener un ritmo de construcción que el propio mercado encarece año tras año. Mientras tanto, la futura ley de vivienda busca implantar una subida automática de precios según la inflación general cada año, encadenando el futuro de los pisos públicos al encarecimiento de la vida en lugar de proteger a las familias.

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