Lo estamos haciendo muy mal

Estamos asistiendo a un verano devastador, en el que los incendios se están llevando un gran patrimonio paisajístico, medioambiental, turístico, patrimonial, personal y emocional. En algunos casos se han llegado a producir víctimas y también se han escuchado voces mal sonantes en unos momentos en los que la unión es la única garantía frente al fuego.

En España, las competencias en materia de prevención, gestión y extinción de incendios forestales corresponden principalmente a las comunidades autónomas, según el artículo 148 de la Constitución Española y la Ley 43/2003 de Montes. El Estado colabora a través de la coordinación general y el despliegue de medios de apoyo extraordinarios.

El desarrollo de estas leyes establece para las comunidades autónomas la titularidad y ejecución directa de la prevención, los planes operativos, la dirección de la extinción y los cuerpos de bomberos forestales en su territorio y para la Administración General del Estado fija la normativa básica de montes, la coordinación a escala nacional y el apoyo con medios (como aviones anfibios y brigadas de refuerzo) cuando una comunidad lo solicita o la emergencia lo requiere. Para las administraciones locales se reservan labores de prevención y mantenimiento de infraestructuras, aunque a estas entidades les resulte más difícil intervenir por cuestiones de presupuesto.

Con una legislación tan clara, sobran bulos e informaciones interesadas. Por nuestras comunidades autónomas han pasado gobiernos y coaliciones de todos los partidos políticos y parece que en cada incendio es una vuelta a empezar, como si la experiencia anterior no sirviera para nada. Se siguen escuchando los viejos discursos: los incendios se apagan en invierno, que los agentes y bomberos forestales están mal pagados, que no hay personal, ni equipos suficientes.

Esto demuestra que lo estamos haciendo muy mal y que aquellos que tienen la responsabilidad no aciertan en lo más mínimo en la toma de decisiones. Tan acostumbrados que están a pedir dimisiones por cualquier asunto, deberían dimitir en cadena por su irresponsabilidad.

Lo cierto es que cada año aparecen cifras aproximadas de lo que ha costado apagar los incendios, pero no valoran la restauración de las zonas, las perdidas sufridas por los sectores y personas afectados, los daños producidos al medioambiente, la fauna de todo tipo y tampoco en coste de la atención a la gran cantidad de personas, como está ocurriendo en 2026, que están siendo desalojados de sus viviendas.

Haciendo una sencilla cuenta, con los gastos (que no inversión) de extinción de incendios de 2025 que aparecen publicados en distintos medios y que se mueven entre 3.500 y 6.700 millones de euros, se podrían contratar a más de 150.000 agentes y bomberos forestales, contando el salario medio que cobran actualmente mas la cotización a la Seguridad Social. Esta simulación es simplemente para poder entender la dimensión de las cifras, pero teniendo en cuenta que ese dinero sería una inversión anual, es lógico pensar que no se dedicaría en su totalidad para contratar personal, sino también, para dotar de equipos que permitieran afrontar con garantías los riesgos a los que nos enfrentamos, se podrían dedicar partidas a subvencionar proyectos de ganadería extensiva que son la mejor defensa frente a los incendios y otros que contribuyeran a mitigar el cambio climático y conservar un patrimonio vegetal y forestal que se han ido desarrollando a lo largo de cientos de años.

Domingo Jiménez Beltrán, que fue director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, ya avisaba en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en agosto de 1995 que «convenía disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, reforestar, sanear y recuperar los sistemas hídricos, diversificar las economías para evitar la ruptura del equilibrio natural y que el medio urbano no absorba las economías rurales que provocan que los pueblos se desestructuren».