La escuela pública no está en venta

El cambio climático ya no es una amenaza lejana ni una hipótesis que pueda discutirse desde un despacho con aire acondicionado. Está aquí. Entra cada primavera por las ventanas de nuestros colegios, se instala en las aulas y convierte el derecho a la educación en una prueba de resistencia para alumnado, profesorado y personal de los centros.

Aulas por encima de los treinta grados, patios sin sombra, edificios mal aislados y centros construidos para un clima que ya no existe. Esa es la realidad cotidiana de buena parte de la comunidad educativa aragonesa. Y ante ella no sirven ni el negacionismo ni los parches. Hace falta planificación, inversión y una adaptación profunda de las infraestructuras educativas.

Por eso resulta especialmente grave que Aragón se quedara solo en el reparto estatal de fondos para climatizar centros educativos y sanitarios. El Gobierno de Jorge Azcón no se abstuvo porque el dinero fuera insuficiente ni porque el reparto perjudicara a Aragón. Lo hizo porque exigía que esos recursos públicos pudieran destinarse también a centros concertados.

Es una decisión que retrata perfectamente su modelo. Cada vez que Azcón tiene que elegir entre reforzar lo público o abrir una nueva vía de financiación para intereses privados, elige lo segundo. Lo vemos en la sanidad, en los servicios sociales y, de forma cada vez más evidente, en la educación. Su política consiste en debilitar lo común mientras presenta como libertad de elección lo que en realidad es una transferencia constante de recursos públicos hacia negocios privados.

Los fondos públicos destinados a climatizar la escuela pública deben emplearse en la escuela pública. No hay nada sectario en ello. Los centros concertados son de titularidad privada. Si sus propietarios necesitan adaptar sus edificios, deben asumir esa inversión y no apropiarse de una partida creada para una red pública que acumula años de carencias. Concertar la prestación educativa no convierte esas instalaciones en patrimonio de todas y todos.

Mientras tanto, hay colegios e institutos públicos que llevan años esperando reformas, aislamiento térmico, sistemas de ventilación adecuados, patios renaturalizados y soluciones que permitan enseñar y aprender sin poner en riesgo la salud. Esa debe ser la prioridad. No porque la escuela pública sea una opción más, sino porque es la única que garantiza el derecho a la educación de todas y todos, vivan donde vivan, tengan la renta que tengan y necesiten los apoyos que necesiten.

Adaptar nuestros centros a la emergencia climática no consiste únicamente en instalar aparatos de aire acondicionado. Significa rehabilitar edificios, mejorar su eficiencia energética, crear refugios climáticos, ampliar las zonas verdes y diseñar protocolos eficaces frente a los episodios extremos. Significa, en definitiva, asumir que el clima ha cambiado y que las políticas públicas también deben hacerlo.

Azcón puede seguir negando la dimensión del problema o intentando convertir cada inversión pública en una oportunidad para beneficiar a lo privado. Pero el calor no entiende de propaganda. En las aulas aragonesas ya no se puede esperar más. La escuela pública necesita recursos, planificación y un Gobierno que la defienda. No uno dispuesto a venderla por partes