Azcón, Nolasco y el final de la cortesía

El Gobierno de coalición en Aragón entre PP y Vox cumplen hoy sus primeros cien días de mandato, un inicio al que tradicionalmente se suele dar un paréntesis de cortesía desde la oposición para que despegue el nuevo Ejecutivo. Un margen de sosiego para retomar los problemas heredados de la anterior legislatura, que ambos partidos decidieron interrumpir de forma abrupta provocando por primera vez en la historia de la comunidad unas elecciones anticipadas, celebradas el pasado 8 de febrero. Un respiro para que puedan configurar un organigrama con vocación de que dure cuatro años y de elegir a las personas adecuadas para gestionar los importantes retos que el territorio tiene por delante. Y una buena dosis de paciencia para comprender los errores lógicos que tiene cualquier proyecto que emerge. Para eso se pensó en la cortesía, aunque en esta ocasión se ha demostrado que hay poca tregua en el edificio Pignatelli, bien porque uno de los dos partidos, la extrema derecha, ha demostrado que retorna al poder con ganas de protagonismo y de priorizar las medidas ideológicas que le diferencian de su socio, o bien porque la oposición, también en pleno proceso de reconstrucción en Aragón, ha respondido con dureza a todas y cada una de las provocaciones llegadas desde el propio Gobierno, la mayoría relacionada con la inmigración. Aragón salió de las urnas con un mandato claro, una mayoría absoluta de dos partidos condenados a entenderse, que se han caracterizado más en sus cien primeros días de coalición por sus silencios, más los del PP de Jorge Azcón, que por las manifestaciones públicas de unión y concordia. Se puso la primera piedra de ese proyecto con dos comunidades en idéntica tesitura, Castilla y León y Andalucía, y con órdenes de equipo para no dar pasos en falso en un escaparate nacional en el que el Gobierno de Pedro Sánchez evidencia su momento más difícil desde 2018. Es decir, el escenario lo condiciona todo, dentro y fuera de Aragón, y es imposible analizar su acción de gobierno sin tener en cuenta que cada giro en la política nacional se traduce en un viraje en la comunidad.

En estos primeros cien días se puede concluir que PP y Vox han suscrito un pacto de gobernabilidad en el que la ley es el mínimo común denominador. Más allá del reparto de sillones, más ambicioso esta vez para Vox, y de polémicas puntuales como la controvertida incorporación del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor del presidente, se atisba en el horizonte que el mayor desgaste que puede sufrir este Ejecutivo aragonés llegará por las veces que uno arrastre al otro más allá de esa línea roja, o las que ambos se enfaden por dónde pintarla en cada tema a negociar. Cada polémica que genera el vicepresidente Alejandro Nolasco salpica al presidente Azcón. Ya sea por la eliminación de las citas previas, por la retirada de la paga semanal a menores migrantes acogidos por la DGA o la aplicación real de la prioridad nacional, que para el PP se limita al arraigo y para Vox apunta al lugar de nacimiento... Todo se mira bajo el prisma de un eslogan y es la ley la que fijará los márgenes en los que ambos pueden moverse. Mientras, las mejores noticias para este gobierno han llegado del exterior, como las nuevas inversiones millonarias de capital privado y facilidades públicas o la nueva Agencia Estatal de Salud Pública, adjudicada a Zaragoza por Sánchez, entre otras. Y las malas, generalmente, del interior, como la sentencia que tumbaba la concertación del Bachillerato, que volverá a impulsarse en 2027. Es un mix de alto voltaje en cien días, cocinado además en uno de los peores veranos en cuanto a incendios, que siempre agotan más de la cuenta al Ejecutivo, pero al menos en ellos se prioriza en lo urgente y en lo verdaderamente importante, sin eslóganes ni promesas imposibles de cumplir. Ahora se acabó la cortesía, si es que la ha habido en algún momento en Aragón.

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