Los límites de la ley... y de la DGA

El Gobierno de Aragón está ejerciendo de altavoz necesario para el mensaje de Vox sobre la inmigración que está constantemente moviéndose en los límites de la legalidad. Ayer se volvió a extralimitar en la responsabilidad institucional que se le presupone a la DGA al enviar por los canales oficiales del Ejecutivo un comunicado en el que volvía a señalar a un menor migrante que tiene bajo su tutela y a uno de sus centros públicos de acogida, al que cita expresamente y acompaña con una imagen para cerciorarse del señalamiento. Por unos hechos delictivos por los que fue detenido y que son el motivo, o la excusa, para salir a la palestra.

La coalición lleva más de cien días gobernando moviéndose en esos límites: el PP marca la ley como línea roja a no traspasar y Vox traslada su discurso ideológico con el paraguas institucional del Pignatelli. Es decir, cuando Vox pone en una nota de prensa la palabra «mena» para referirse a los menores no acompañados o utiliza la imagen del centro de menores CATIM, que Aragón gestiona y que es precisamente uno de los que tienen migrantes en acogida, ¿está respetando lo que marca la ley en materia de protección de los derechos de la infancia o de los datos personales?

Se supone que este tipo de preguntas también se ponen sobre la mesa en el Consejo de Gobierno, de la misma manera que si el vicepresidente Alejandro Nolasco puede anunciar o no en nombre de todos los consejeros y el presidente el final de la cita previa en los departamentos que no le competen, incluso en los que sí, o si es conveniente que el Gobierno como institución utilice los canales oficiales para criminalizar a los menores que tiene bajo su tutela. La respuesta no debe ser en ningún caso ideológica, sino jurídica, porque los márgenes de la política, donde suelen ejercerla, no siempre respetan los límites que tradicionalmente han tenido las instituciones que ocupan.

Y no es una cuestión de juzgar esa forma de actuar, los delitos que se cometen, en términos de si está bien condenarlos públicamente o si cualquier crítica que se le haga a Vox por hacerlo sea justificar los hechos por los que fueron detenidos. Aunque esa es la táctica habitual al mostrar los hechos delictivos que pretende visibilizar la extrema derecha, para reforzar el discurso que les trata como «reclusos» o presuntos «delincuentes». Pero no es la forma de proceder de una institución acostumbrada a proteger a los menores y no a perseguirlos.

Esos comunicados oficiales no parece que sean casuales. El emitido ayer, día del eclipse y de la reaparición del presidente Jorge Azcón en la agenda veraniega de la DGA, se refiere a los hechos ocurridos el pasado domingo, un robo que se produjo en la calle y en los que la única relevancia informativa que tiene el centro público que el Gobierno aragonés gestiona, y en el que también duermen otros menores que no cometen este tipo de actos reprochables, es ser el lugar donde fue arrestado.

¿Por qué visibilizar estos hechos y no otros? ¿Por qué ahora? Incluso en el caso de no estar relacionado con el regreso del presidente tras su parón vacacional, a nadie se le escapa que Aragón está en la antesala de un nuevo reparto de menores migrantes por la crisis de Ceuta. Ni tampoco que es hoy cuando debía celebrarse la comisión técnica previa a la sectorial de Infancia a la que Nolasco ha decidido no acudir. Con el beneplácito del PP y Azcón, aunque contradiga lo que les pide Génova. No parece casual ese señalamiento con forma de comunicado, ni las formas ni el contenido, poniendo a prueba la capacidad de aguante de su socio y volviendo a la misma pregunta de siempre: ¿es legal lo que hace Vox en nombre de la DGA?

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