Islandia y la protección europea

Entre la invasión rusa de Ucrania y las consecuencias derivadas del segundo mandato de Donald Trump, el ingreso en la Unión Europea se ha convertido en un objetivo de seguridad tanto o más que en una necesidad económica. Así cabe entender el debate abierto en Islandia en orden a activar de nuevo las negociaciones con Bruselas, suspendidas desde hace más de una década –mañana celebra un referéndum sobre la materia–, y la insistencia de Volodimir Zelenski en fijar un calendario de adhesión a la UE. Las diferencias entre la desarrollada economía islandesa y la debilidad de la ucraniana a causa de la guerra plantean retos muy diferentes. La necesidad de aumentar las garantías de estabilidad y seguridad las comparten ambos estados por razones específicas, en cada caso.

El clima de imprevisibilidad alentado por la Casa Blanca y su pretensión de hacerse con Groenlandia, parte de Dinamarca, o por lo menos controlarla, alarma justificadamente a Islandia a pesar de acoger la base de Keflavik, que forma parte del despliegue de la OTAN en la región ártica. La larga guerra que desangra a Ucrania ha desencadenado el deseo de contar con el paraguas protector de los europeos, convertida la nación invadida en el primer frente de contención de la pretensión rusa de ampliar su área de control y presión sobre los antiguos estados satélites de la Unión Soviética o parte de ellos. El caso de Moldavia, mutilada su soberanía a causa de la escisión de Transnistria, bajo protección de Rusia, es un caso parecido.

La mayor paradoja es que la OTAN parece haber dejado de ser el gran garante de la seguridad, cuestionada su competencia en este campo por el cambio de Estados Unidos en su relación con los aliados europeos, y se encuentra la UE ante el reto de garantizar un marco estable de seguridad. Tiene tal circunstancia un poder de atracción de otros candidatos a la adhesión –Albania, Macedonia del Sur, los Balcanes occidentales–, con economías débiles y un Estado de derecho precisado de reformas, pero acuciados por la necesidad de sentirse arropados en el seno de una alianza donde prevalecen el modelo democrático liberal y el mercado único. Un entorno complejo, de funcionamiento no siempre ágil, pero que lleva décadas empeñado en dar forma a la unidad de la Europa política, logrados muchos de los objetivos económicos que inspiraron a los padres fundadores.

El gran reto para los Veintisiete es impulsar las reformas que hagan posible las ampliaciones. Mientras se mantengan algunos requisitos en la toma de decisiones –la unanimidad en el diseño de la política exterior, uno de ellos– la mayoría de las ampliaciones a la vista plantearán problemas de difícil solución. Admitir una gestión de ellas que permita progresos sucesivos hasta alcanzar la plena adhesión de nuevos socios es un requisito sin el cual muchos aspirantes verán cercenada su carrera hacia Europa. La UE aún ha de encontrar un esquema de dos velocidades, en el que las premuras por ofrecer garantías de estabilidad, seguridad y autonomía estratégica sean compatibles con no precipitar la integración de economías aún no maduras para ello, evitando así desequilibrios como los que siguieron en 2004 a la última gran ampliación.

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