¿Qué pasó en Ceuta?

El pasado 30 de julio, casi 80.000 personas intentaron llegar al territorio español a través de Ceuta. La explicación inicial fue sencilla: un rumor difundido en las redes sociales convenció a miles de jóvenes de que se había abierto una oportunidad excepcional para cruzar la frontera, provocando una movilización que terminó adquiriendo dimensiones incontrolables. Las investigaciones sobre el origen digital de la movilización han permitido detectar la existencia de decenas de grupos organizados a través de Whatsapp y Facebook, diversos canales de difusión y sofisticadas técnicas destinadas a dificultar la identificación de sus promotores, en lo que algunas empresas especializadas han definido como una operación «organizada de forma deliberada, construida con un propósito y dirigida».

Eso no demuestra necesariamente la existencia de una mano negra u otras motivaciones ocultas, pero sí permite afirmar algo más elemental: todas esas personas no se pusieron espontáneamente de acuerdo para dirigirse hacia Ceuta, sino que alguien contribuyó a organizarlas. El segundo dato es más difícil de explicar: Marruecos posee un aparato de seguridad particularmente eficaz y mantiene con España una estrecha cooperación en materia de inmigración y control fronterizo. Sin embargo, decenas de miles de personas pudieron concentrarse junto a una de las fronteras más sensibles del Mediterráneo sin que Rabat hiciera nada por evitarlo.

Por si fuera poco, sabemos que quince días después de lo ocurrido volvió a circular otra convocatoria similar y que esta vez Marruecos desplegó a sus fuerzas de seguridad, estableció controles, detuvo a algunos de los promotores identificables y frustró por completo el intento. Informaciones publicadas acerca de los análisis de los servicios de inteligencia españoles apuntan a que Marruecos conocía la movilización y, aunque no creen que la planificara, sí poseía los medios necesarios para impedirla, lo que plantea una cuestión todavía más importante: ¿por qué no lo hizo?

En 2021 Marruecos utilizó la presión migratoria como respuesta a la hospitalización en España del líder saharaui Brahim Ghali. Desde entonces, el gobierno español modificó radicalmente su posición sobre el Sáhara y reconstruyó una relación privilegiada con Rabat, eliminando así buena parte de los incentivos que podían explicar acciones semejantes. Es más, Marruecos tendría poderosas razones para evitarla, ya que ver a decenas de miles de jóvenes marroquíes intentando abandonar su país supone un golpe durísimo al relato de modernización y prosperidad construido alrededor de Mohamed VI. Si, pese a todo, Marruecos decidió asumir conscientemente semejante coste político y reputacional, resulta razonable preguntarse qué beneficio podía compensarlo. La pregunta resulta menos extravagante si se observa el contexto europeo actual. La UE lleva años advirtiendo del crecimiento de las amenazas híbridas a través de campañas de desinformación, ciberataques, sabotajes e incluso la utilización de los flujos migratorios para debilitar gobiernos, polarizar sociedades o alterar procesos políticos del Viejo Continente.

Lo relevante en Ceuta sería entonces preguntarse si estamos ante otro episodio de esa lógica: una movilización organizada, difícil de atribuir, que explota el complicado equilibrio fronterizo con Marruecos y produce un daño político muy superior al coste necesario para desencadenarla. E igualmente si hay gobiernos extranjeros interesados en el deterioro interno de España que, además, mantienen relaciones estratégicas privilegiadas con el país cuya cooperación es imprescindible para que una crisis de estas dimensiones pueda producirse.

Por último, hay que recordar que España celebrará elecciones generales en 2027, y que pocas cuestiones poseen mayor capacidad para transformar el clima electoral en nuestro país que una crisis migratoria asociada a la inseguridad y la amenaza al territorio nacional. Es muy posible que nunca sepamos realmente qué ocurrió esos días de finales de julio, pero sabemos que la movilización de Ceuta fue organizada, que sus promotores dificultaron su identificación, que Marruecos podía detenerla y que durante las horas decisivas no lo hizo. También sabemos que la historia menos visible de las relaciones internacionales aconseja seguir dos precauciones igualmente importantes: no podemos afirmar con rotundidad aquello que no podemos demostrar, pero tampoco debemos confundir la ausencia de pruebas con la certeza de que algo no ocurrió.

De momento, podemos afirmar que una crisis que España debió gestionar mucho mejor ha terminado golpeando de lleno al Gobierno, y lo único que nos queda respecto a lo ocurrido en Ceuta es recurrir a las preguntas incómodas: ¿quién tenía capacidad para provocar una crisis así, quién podía conseguir que Marruecos asumiera su coste y, sobre todo, quién tiene más que ganar con sus consecuencias?