Ceuta se consume, pronto arderá

La verdad es un artículo de lujo, no apto para el consumo de los ministros actuales. Tendrá que ser la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso -cuando tenga a bien reunirse- la que disipe quién de verdad miente respecto a la crisis surgida en la frontera de Ceuta. El ministro de Interior, Grande-Marlaska, con esa fijeza teatral con la que juró que Mercedes González «nunca, jamás» se había reunido con Leire Díez, sostiene ahora que nunca, jamás fue informado de la invasión que estaba por venir. Un prodigio de la amnesia que choca con la de Defensa, Margarita Robles, empeñada en que el CNI sí hizo su trabajo y por lo tanto informó de la inminente invasión. Resulta patética esta descomposición gubernamental.

Para sazonar este descontrol, la portavoz del Gobierno Enma Saiz, comparece afirmando que trabajan «desde el minuto uno» para normalizar la situación. Un mes después, nadie del Gobierno es capaz de dar una cifra exacta de los que, violentando la frontera, permanecen todavía allí. El ministro Albares continúa sin llamar a consultas a la embajadora de Marruecos. Es una incompetencia tan alarmante que ni el mando único va a lograr maquillar: la ineptitud no se soluciona sumando despachos.

Mientras tanto, Ceuta y los ceutíes están sumidos en una tremenda crisis social, económica y de orden público insoportable. Sus ciudadanos claman en las redes y calles por el fin de este caos y por la expulsión de quienes violentaron las fronteras. No es una hipótesis que exista una amenaza para el orden público, es que la hay. El pasado jueves, el Ministerio de Defensa informaba de una emboscada a unos militares españoles por parte de un grupo de 30 invasores, que los apedrearon y golpearon, teniendo que huir los mismos para ponerse a salvo. Además, también se detuvo a dos activistas de una ONG por resistencia a la autoridad tras haber alentado a grupos violentos.

Y en estas estamos cuando el Parlamento Europeo ha promovido un nuevo Reglamento de Retorno para unificar el mosaico de sistemas nacionales y agilizar la devolución de quienes carecen de derecho a quedarse. El artículo 12 de dicho reglamento regula la expulsión directa de nacionales de terceros países. Y lo hace sin contemplaciones: en su párrafo primero, letra c, en relación directa con el artículo 16, decreta la expulsión forzosa de quienes supongan una «amenaza para el orden público, la seguridad pública, o la seguridad nacional».

En suma, veremos si la situación no empeora y se tengan que establecer en Ceuta los estados de alarma o excepción que regula la Constitución.