Los giros de guion de la política española superan a cualquier final de temporada de cualquiera de las series de cualquiera de las plataformas digitales. En 2016, Albert Rivera y Pedro Sánchez firmaron un pacto de gobierno que no sumaba, 130 diputados a favor frente a 219 en contra, en el que acordaban suprimir las diputaciones provinciales, señaladas como el estigma del mal por su falta de eficacia y los costes de las extendidas redes clientelares. Siempre encontramos una diana en la que concentrar todas las generalizaciones y distinguir a las administraciones inmaculadas de aquellas en las que concurren todos los excesos. Solo tres años después la España interior, organizada provincialmente hizo llegar a las calles de la capital del reino sus reivindicaciones en una de sus primeras acciones colectivas.

En las dos convocatorias generales de ese mismo año, en 2019, la caza del voto rural fue lo más codiciado, con unas pocas papeletas marcabas la diferencia entre el éxito y el fracaso electoral. Las circunscripciones de tamaño moderado, y especialmente en las 28 en las que se disputan cinco o menos escaños, donde los votos son comparativamente más valiosos y donde la obtención de unos pocos sufragios puede suponer la ganancia del último escaño en juego, decidieron el hundimiento de Ciudadanos y mantuvieron el bipartidismo histórico. 103 escaños que son ahora una incógnita tras conocer en la III Asamblea General de la España Vaciada que han acordado crear una herramienta política para presentarse a los próximos procesos electorales que se convoquen. Las mismas 28 provincias, toda Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Galicia interior, el Aragón periférico, el oriente andaluz (Almería, Granada y Jaén), Cantabria y La Rioja buscan una representación institucional a sus demandas que no encuentran en las Cortes Generales y lo que es más decisivo en sus gobiernos autonómicos. La descentralización política de la década de los ochenta que alcanzó a las regiones y no continúo hasta el municipalismo propició una doble concentración de poder estatal y de capitalidad autonómica que siguió ahondando en la brecha rural-urbano.

Las provincias y su organización institucional han demostrado su peso histórico, desde 1883, y su importancia en el equilibrio de poder como circunscripciones electorales en los comicios generales. El mapa de las encuestas se ha roto, más teniendo en cuenta las motivaciones identitarias y de agravio que mueven las voluntades de los votantes. Son escasos en número comparados con los ciudadanos urbanos, pero más decisivos en la formación de Gobierno.