La onda expansiva de la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano que confirma la derogación constitucional del derecho al aborto ha tardado exactamente dos días en llegar a nuestro país. El domingo las organizaciones provida salieron a la calle en contra de la existencia de leyes que van en contra de la verdad y de la naturaleza humana con la presencia de Abascal y Espinosa de los Monteros a título personal, apoyados por el flanco más conservador del Partido Popular, Mayor Oreja y San Gil, contrariados por el anteproyecto de ley español pero esperanzados por las noticias de ultramar.
En 2016, Obama se complicó la renovación de la Corte Suprema como el Gobierno de España lo está haciendo ante el bloqueo del Partido Popular a la del Consejo General del Poder Judicial. Cuando en ese año, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se produjo una vacante que podría haber sido ocupada por un candidato de la mayoría demócrata, Obama cedió a las presiones conservadoras con todo su entramado mediático y ante la cercanía de las elecciones, por ética democrática, aplazó la renovación.
A finales del 2020, los antiabortistas no solo cubrieron esa plaza sino dos, dejando las fuerzas en seis a tres, con el Supremo más conservador desde los años treinta a pocas semanas de la derrota de Trump, esta vez sin miramientos éticos. En octubre de 2021, en España, tras años sin ningún tipo de entendimiento, el Partido Popular y el Partido Socialista acuerdan la renovación parcial del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, nombramiento del Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.
Todos salvo el Consejo General del Poder Judicial que quedó al margen por expreso deseo de Pablo Casado. Treinta y seis meses caducada la actual representación que aquí tampoco se ajusta a las mayorías parlamentarias existentes, y el Partido Popular sigue ganando tiempo, con diferentes justificaciones. Desde las acusaciones de intento de politización por parte del Gobierno del poder judicial, llamamientos a la Unión Europea o apelaciones a mantener el estatus quo ante los procesos electorales en los que nos vemos envueltos, por cierto, convocados por los dirigentes autonómicos de su partido.
Y mientras, el Gobierno es el que tiene que defenderse por proponer modificaciones de ley que levanten ese veto y permitan el funcionamiento de las instituciones constitucionales. Creo que esta semana, a Biden debería acompañarle Obama para contarle a Sánchez cómo de pegajosas pueden ser las negociaciones con los conservadores, y las consecuencias en la reversión de leyes sociales que costaron sangre y sudor de muchos.
