La función de cualquier Gobierno, sea del color que sea, debe ser facilitar la vida a los ciudadanos. Protegerles, ayudarles y permitirles unas condiciones favorables para desarrollar sus objetivos personales y colectivos con seguridad. Normalmente, los medios de comunicación les informamos de las leyes que se aprueban, aunque a menudo nos dejemos conquistar por las refriegas parlamentarias y las polémicas partidistas. Iniciativas legislativas importantes a veces desconocidas pero que suponen un antes y un después para muchos ciudadanos. Una de ellas es la conocida como ley de segunda oportunidad.
Aprobada en 2015, permite a cualquier español renegociar o cancelar sus deudas cumpliendo una serie de requisitos. Este mecanismo legal está pensado para que particulares y autónomos puedan superar una situación de insolvencia o quiebra y seguir adelante salvando su patrimonio presente y futuro. Una especie de concurso de acreedores para personas físicas.
Cada vez más ciudadanos la solicitan. Quieren pasar página a una decisión equivocada en una coyuntura determinada. Debería ser una regla básica en la vida: que todo tenga remedio, que pueda enmendarse cualquier error, que siempre exista la posibilidad de seguir adelante, también en el terreno económico.
En Aragón varias personas han pedido acogerse a esta ley y la justicia se lo ha permitido. Cantidades abultadas de endeudamientos contraídos, fundamentalmente, durante la crisis de 2008. Por ejemplo, el caso de una empresaria que debido al impago de varios de sus clientes no pudo afrontar sus propias facturas con terceros. El importe adeudado ascendió a casi 900.000 euros. Ahora, gracias a la ley de segunda oportunidad y a un juzgado de Zaragoza, podrá exonerarse de ese pasivo insatisfecho. También con la Hacienda pública. No piensen que esto supone abrir la puerta a la indulgencia administrativa. Existe letra pequeña. Para beneficiarse de esta herramienta jurídica ésta exige una serie de condiciones al solicitante: que actúe de buena fe, que no tenga condenas por delitos económicos o que haya intentado llegar a acuerdos extrajudiciales con sus acreedores para intentar satisfacer la deuda, entre otras. El proceso está cuidadosamente diseñado para evitar caraduras y oportunistas.
Imaginen qué puede suponer esta ley para familias hipotecadas por un negocio fracasado o una elección desacertada. Lo que puede cambiarles las expectativas de futuro sabiendo que pueden apretar el botón de reset para reiniciar su vida laboral y personal. Dejar de recordar esa deuda al abrir las cartas recogidas del buzón. Hacer nuevos planes. Despertarse tranquilo.
