El Tribunal Supremo ha anulado dos multas millonarias a Repsol y Cepsa de 20 y 10 millones de euros respectivamente porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó caducar el procedimiento.
El motivo de las multas era que el organismo regulador había detectado fehacientemente que ambas compañías «habían llegado a acuerdos de coordinación, pactos de no agresión e intercambios de información estratégica entre estaciones de servicio» en un periodo que iba desde el año 2011 al 2013. Las sentencias del Supremo también anulan las dictadas previamente por la Audiencia Nacional y que consideraron que los procedimientos de la Comisión no incurrían en caducidad, aunque estimaron en parte los recursos de Repsol y Cepsa. El proceso caducó por un día, tendría que haberse finalizado el 24 de febrero de 2015 y fue notificado a las empresas un día después.
Un día, sorprende cuanto menos sin entrar en el fondo de la cuestión lo extraordinariamente garantista que resulta el contencioso-administrativo que no perdona al órgano regulador, o sea a la administración pública, el decalaje entre el día de retraso ente la resolución del expediente y la comunicación a las dos grandes empresas. Mientras a los ciudadanos de a pie los retrasos, los plazos de incumplimiento no computen nunca tan rápido en la defensa de sus derechos individuales.
Es difícil no percibir que la legislación o la interpretación de esta es más garantista para las grandes empresas que para el ciudadano común, que sufre los retrasos en las resoluciones administrativas e incluso judiciales sin que la respuesta de compensación sea tan generosa como la del caso que nos ocupa. El procedimiento caducó en este punto, y no hay manera de hacer efectivo el cobro de esa multa de 30 millones que se les había impuesto inicialmente. No se les reanudan los plazos, y la impresión cada vez más extendida es porque esta diferenciación de trato entre el contribuyente individual y la enésima condonación de la deuda a una gran empresa. ¿Cuántas multas de tráfico le han caducado a un conductor o de la inspección de Hacienda a un autónomo o una pequeña empresa?
La respuesta da la medida de que la igualdad en la ley debe ser percibida en la práctica, y que parece estamos en el país de las dos velocidades, unos circulan por vías rápidas sin pagar y otros rodamos por las autovías con trazado dificultoso que dentro de poco deberemos mantener entre todos con impuestos indirectos. Las democracias no solo se debilitan cuando se percibe débil su sistema de partidos, también con la parcialidad en las decisiones de las instituciones pilares del Estado de Derecho.
