La modificación del convenio de acreedores ordinarios era vital en la compraventa del club y se logró el pasado 16 de junio al adherirse a la misma un porcentaje muy superior al 50% necesario para sacarla adelante. Esta implica que los pagos se alargan hasta 2030 en una cantidad lineal de 2,47 millones, el 10% del total de 24,7 que restan, si no hay ascensos o descensos, pero el primer pago una vez modificado no se tiene que hacer el 2 de julio de cada año, como era lo habitual, sino dos meses después de que la jueza del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Zaragoza, Mari Carmen Villellas, dicte su resolución, lo que aún no ha hecho y se espera para esta semana. Esta, al haber logrado las adhesiones necesarias, solo puede ser aceptando la modificación del convenio.

Sin ella, el Zaragoza habría tenido que pagar este 2 de julio 3,53 millones, el 11% de los 27,2 que partía la deuda del concurso con los acreedores tras la quita, que dejó la cantidad en un 40% del total. A ese porcentaje había que añadirle el 2% del prorrateo tras el aplazamiento del pago del año pasado, el tercero tras los de 1,3 y 1,6 correspondientes a 2018 y 2019. Con esa modificación, la SAD difiere el pago de 12 millones entre 2025, la fecha originaria del final del convenio, y 2030. Si el Zaragoza baja a Primera RFEF, los pagos quedarán suspendidos siempre que el club no permanezca más de cinco años, consecutivos o alternos, en esa categoría de bronce. Del mismo modo, si sube, se abonará anualmente y mientras se esté en la élite un 20% de los créditos pendientes en ese momento.

El club espera firmar en esta próxima semana la venta a Spain Football Capital, aunque hay una segunda vía, que negocia con la familia Alierta, que aún está viva. Un problema burocrático ha retrasado los tiempos en la semana que ahora finaliza y el 30 de junio hay aplazamientos por valor de 4,32 millones, si bien la cantidad a desembolsar en ese momento sería menor y lo correspondiente al concurso no apremia el 2 de julio. Spain Football Capital es una sociedad que forman los hermanos Álvarez del Campo, Carlos y Alejandro, y el abogado Kiko Domínguez, con capital extranjero respaldando la inversión.