El suministro de luz, un servicio básico para cualquier consumidor doméstico o empresarial, está trayendo de cabeza a todos en este mes de junio, en el que el precio está completamente descontrolado tras meses al alza. La cotización de la electricidad en el mercado mayorista ibérico se ha situado en niveles récord, una situación que ha coincidido con la aplicación desde hace 16 días de las nuevas tarifas, aunque estas no son las responsables de la escalada. La confusión entre ambos conceptos es máxima y los usuarios, que en su gran mayoría desconocen el complejo funcionamiento del sistema eléctrico español y las posibilidades que le ofrece, andan desconcertados. Aunque Aragón es uno de los grandes contribuyentes a nivel nacional en la producción de electricidad barata y verde, gracias a su poderío en generación renovable, no cuenta con ninguna ventaja diferencial por ello y sufre de igual manera el problema, lo que ha llevado a las organizaciones locales de consumidores y empresarios a poner el grito en el cielo.

«Vemos la situación con mucha preocupación porque hay un grado de descontrol absoluto», aseguró este miércoles el director general de la CEOE Aragón, Jesús Arnau, quien alertó de la «pérdida de competitividad» que esto puede acarrear a las empresas, ya que «somos en estos momentos el país europeo con la energía más cara». También criticó el nuevo sistema tarifario, al considerar que penaliza «el horario normal» de actividad del sector privado.

En la misma línea se pronunció Cepyme Aragón, que tachó el cambio de modelo como «un nuevo golpe» para las pymes, a las que el recibo de la luz se les va a encarecer hasta el 10% el 15%, según sus estimaciones. «La medida llega en el peor momento para quienes tratan de remontar la crisis», denunciaron desde esta organización.

La visión de los expertos

Por su parte, los expertos consultados por este diario restan algo de hierro a la inquietud generada y aprecian un exceso de alarma social, al tiempo que apelan a un análisis riguroso y profesional en la toma de decisiones por parte de los clientes energéticos.

Aunque no cabe duda de que la factura eléctrica de este mes será una de las más altas de los últimos años, la repercusión final de los máximos alcanzados estos días en el mercado mayorista (el denominado pool, que se determina mediante subasta) es limitada. No en vano, el precio de la energía supone algo más de un tercio del recibo, ya que el mayor peso lo tiene el llamado término fijo o costes regulados (casi un 40%), a lo que hay que añadir otro tercio de los impuestos.

Precio fijo o indexado

En el caso de las empresas, que están obligadas a contratar la luz en el mercado libre, la situación de partida es mejor que la de los hogares. «No a todas les va a repercutir por igual. Dependerá de la tipología de su contrato de suministro», apunta Javier Arnáiz, responsable de Operaciones de la asesoría energética aragonesa Switching Consulting. De hecho, a la mayoría «no les afecta absolutamente en nada» a corto plazo, ya que entre el 70% y 80% de las pymes tienen contratado un precio fijo por uno, dos o tres años, con lo que esquivan la escalada de costes.

El resto de empresas, que tienen pactado con su comercializadora una tarifa indexada (en función del coste en el mercado mayorista), sí sufren estas subidas anómalas, pero también se beneficiaron de las bajadas, como el mínimo histórico anotado en 2020.

La suerte también es un componente a tener en cuenta para medir el impacto. «Afecta más en función de lo cercana que se tenga la fecha de renovación del contrato de precio fijo», señala Víctor Ballestín, responsable de la línea de sistema de gestión de energía de la Fundación Circe. Pero el experto advierte además de que los precios en el mercado de futuros también están en cotas elevadas, al haberse situado en 65,5 euros el megavatio por hora para 2022, cuando hace solo tres meses estaba en 47,25.

Las pagos por emitir CO2, en foco del problema

Arnáiz pide no «ser alarmistas» con esta situación y confía en que la subida de los precios sea «algo temporal», al recordar que hace justo un año se marcaron mínimos históricos en el mercado mayorista. Ballestín cree que, a largo plazo, la factura eléctrica tenderá a abaratarse por la progresiva entrada de renovables en el sistema, entre otras razones, pero tiene dudas sobre cuánto tiempo perdurará el escenario alcista, ya que las predicciones para 2022 «no son una buena señal». «Todo puede pasar, la clave está en qué ocurrirá con el coste de los derechos de emisión del CO2, que es el centro de los problemas por su repercusión en las centrales de gas», afirma el experto del Circe.

Para hacer frente a esta situación, ambos especialistas recomiendan controlar las potencias contratadas por periodo y sondear el mercado para poder contrastar precios. «En la mayoría de los casos se asume una decisión unilateral de la comercializadora en la actualización de precios a las nuevas tarifas», señala Arnáiz. Y tras el cambio del modelo de tarifa de la luz, que eleva el peso de la parte variable sobre la fija en la factura, Ballestín aconseja tomar medidas de eficiencia energética y de autoconsumo, porque «igual sí salen los números». «Ahora existe un incentivo para que esas inversiones, ya que pueden resultar más rentables», añade.

Casi 40.000 hogares de la comunicada tiene bono social

El bono social eléctrico, que supone un descuento de entre el 25% y el 40% en la factura de la luz para los hogares con menos recursos, cuenta con cerca de 40.000 beneficiarios en Aragón al cierre de 2020. En abril del año pasado, en pleno estallido de la pandemia, eran 37.347 hogares los acogidos a esta tarifa rebajada, según los últimos datos aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Aunque no hay todavía datos oficiales, todo apunta a que esta cifra se ha incrementado en el último año por la crisis del coronavirus.

De esta manera, el número de consumidores vulnerables de la comunidad con descuentos en la electricidad por razones sociales prácticamente se ha multiplicado por cuatro, ya que en abril de 2018 eran tan solo 10.876. En el conjunto de España había 1.311.662 de beneficiarios a mediados de 2020, tres veces más en dos años antes (449.267). 

Este fuerte incremento se debe principalmente a la reforma introducida en octubre del 2018 por la ministra del ramo, Teresa Ribera, que flexibilizó las condiciones y extendió los supuestos para poder acceder a esta ayuda, además de crear un apoyo complementario para el pago de la calefacción, el llamado bono térmico, que gestionan las comunidades autónomas y del que se pueden favorecer quienes tienen reconocido el derecho al descuento en la luz.