África Navarro, secretaria general de Cáritas Diocesana de Zaragoza: "Con la regularización se acabarán muchos abusos"

¿Qué supone vivir en situación administrativa irregular?

Implica no poder acceder a un trabajo con contrato ni a ninguna prestación. Tampoco se puede contratar un alquiler ni acceder a los derechos ciudadanos más básicos. Algunas personas, con muchas dificultades, sí que llegan a empadronarse y, con ello, consiguen atención sanitaria básica y ayudas de urgente necesidad.

¿Cómo se refleja esto en la labor diaria de Cáritas?

No tenemos aún cerrados los datos del 2025. A 30 de septiembre del año pasado, de las más de 7.000 personas atendidas, el 76% eran nacidas fuera de España y, de este porcentaje, el 38% se encontraban en situación irregular. En Cáritas Diocesana de Zaragoza realizamos con ellas un acompañamiento en información de confianza, proporcionando conocimiento del funcionamiento de la administración española y de los derechos y obligaciones que tienen como ciudadanos. También los acompañamos en las necesidades básicas que puedan tener: de alimentos, vivienda, vestido, salud, transportes…

¿Cómo valoran desde Cáritas la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno?

En principio, es una buena noticia, y nos da esperanza. Es un acto de justicia social y reconocimiento de dignidad, que dará visibilidad a una situación de hecho de miles de personas que podrán ejercer sus derechos y contribuir a sus obligaciones, como ciudadanos de pleno derecho.

¿Por qué es necesaria?

Primero, por la política y la legislación en extranjería, tanto nacional como de la Unión Europea, que lleva tiempo sin dar una respuesta coherente con la realidad de la migración. No se ha abordado una estrategia común que regule los derechos de las personas migrantes desde la dignidad humana, que sería lo mejor. Con la regularización, podrán trabajar con seguridad y ejercer sus derechos con normalidad. También se acabarán muchos abusos y malas prácticas que propician las situaciones de irregularidad.

¿Qué implicación tuvo la Iglesia católica en la movilización para impulsar esta regularización?

Cáritas Zaragoza fue de las primeras entidades de la Iglesia que se sumó al impulso de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aportando más de 3.000 firmas. También se sumaron, a través de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (Redes), la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Cáritas Española y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal.

¿Con qué respaldo social contó esta ILP?

Fue respaldada por más de 900 entidades y organizaciones de la sociedad civil: la Plataforma del Tercer Sector, ayuntamientos, asociaciones de barrios, fundaciones pro derechos humanos… Se recogieron más de 700.000 apoyos y, en abril de 2024, el Congreso de los Diputados admitió su tramitación por mayoría absoluta, con el voto a favor de todos los partidos, excepto Vox. Posteriormente, quedó paralizada y no se impulsó su tramitación, quedando olvidada, sin más explicaciones.

¿Qué opina de que el Gobierno haya tardado casi dos años en aprobar esta regularización, cuando podría haberlo hecho vía decreto hace mucho tiempo?

Hace dos años podría haber tramitado la ILP y modificado la disposición transitoria que articulaba la regularización solicitada. Posteriormente, el cambio del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo de 2025, resultó también otra oportunidad perdida; si bien no podía suponer una regularización extraordinaria, si se hubieran acogido las modificaciones que las entidades y oenegés les solicitamos, hubiera sido un reconocimiento de derechos de muchas personas migrantes en situación administrativa irregular. Ahora se ha optado por la vía de real decreto, del que todavía no conocemos el texto, y faltan requisitos importantes para su entrada en vigor –informes del Consejo de Estado y de distintos ministerios, dotación de medios para su ejecución-, que podría modificar su versión inicial. Veremos finalmente en qué queda.

¿Qué le parece que algunos de los partidos que apoyaron la toma en consideración de la ILP se opongan ahora a esta regularización?

Nosotros queremos poner el foco en la inmensa labor de diálogo que se ha llevado a cabo y en la amplia aprobación que tuvo la toma en consideración de la iniciativa en 2024. Sería deseable que prevaleciese la responsabilidad política, ética y social de todos los grupos.

¿Qué argumentos les daría a quienes se oponen a esta regularización extraordinaria para convencerles de que es necesaria?

Les diría que se informen y conozcan, que se acerquen con una mirada sin prejuicios a estas personas que buscan un futuro y que se ven forzadas a dejar sus hogares, que buscan paz y seguridad para sus vidas, cuyo interés es trabajar y prosperar y que ya están contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad. Es de justicia reconocer sus derechos y dignidad.