El juez que instruye el caso "Oikos", de corrupción en el fútbol profesional español, ha reactivado las investigaciones con la orden de nuevas pruebas centradas en torno a las supuestas facturas falsas de las que se habrían servido en la Sociedad Deportiva Huesca para obtener recursos con los que amañar un partido del Reus contra el Valladolid cuyo resultado permitió al equipo oscense jugar la fase de ascenso en 2017.
En dos autos emitidos de forma simultánea, a los que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca encargado del caso desestima la petición de sobreseimiento de la causa contra uno de los investigados, el propietario de la empresa Pryobras, al que responsabiliza de la presunta emisión de facturas falsas a nombre del club oscense. Según el magistrado, los hechos atribuidos a esta persona "consistirían en haber colaborado, de forma activa, en la financiación de las primas que la SD Huesca habría abonado al Reus Deportiu para alterar el resultado del encuentro celebrado el 4 de junio de 2017".
Argumenta, en el marco indiciario que establece en su auto, que en "connivencia" con el expresidente y el exdirector financiero del club "podría haber emitido facturas a cargo de la SD Huesca que no respondían a trabajos efectivamente realizados, o facturas duplicadas o engordadas" por trabajos que sí se hicieron. Señala el instructor como indicios diversas conversaciones de Whatsapp entre el exjugador del Huesca Íñigo López con el expresidente del club Agustín Lasaosa y el agente de fútbol Rodrigo Fernández Lovelle que, en su opinión, "permiten inferir que se están falseando facturas".
Destaca, además, los indicios derivados del análisis de diversas facturas emitidas por Pryobras, así como de las empresas Huesca Garden y Mascún Obra Civil, así como la coincidencia temporal existente entre "acontecimientos relevantes". Coincidencia temporal que vincula al abono por parte del club oscense de diversas facturas a Pryobras por obras de remodelación del estadio, a la retirada inmediata de este dinero por parte del administrador de la empresa y la supuesta entrega, el mismo día, de dinero en el hotel Abba de Huesca a un jugador del Reus.
A tenor del todo el cuadro indiciario, el magistrado acuerda, en un segundo auto, ordenar numerosas pruebas para continuar la investigación, entre otras la elaboración de un informe por parte de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales (UDEF) de la Policía Nacional para determinar la posible participación en la financiación de las primas abonadas al Reus de las empresas vinculadas al club oscense. También requiere a la UDEF que se investiguen otras posibles facturas emitidas por trabajos simulados, así como engordadas o duplicadas por obras ya realizadas, y ordena tanto a las empresas como al club oscense que faciliten facturas, presupuestos o justificantes de pago.
Acuerda, asimismo, la toma de declaración como testigos de algunos responsables o trabajadores de estas empresas, así como de dos jugadores del Reus en la temporada de 2017 en calidad de investigados, Cruz da Silva y Macauley Chrisantus. Ordena, por otra parte, dirigirse a dos entidades bancarias para que aporten información sobre algunas de estas sociedades, entre ellas las referidas a Huesca Garden, cuyo administrador pasa el juez a considerar como investigado debido a su negativa a aportar toda la documentación que le fue requerida.
El magistrado ya rechazó hace un año sobreseer la causa contra el expresidente de la Sociedad Deportiva Huesca Agustín Lasaosa y el exjugador del Deportivo Íñigo López, cuyos letrados basaron en la supuesta ilicitud de los registros llevados a cabo en mayo de 2019 en la sede del club oscense, detonante del caso. Una decisión que basó entonces en el "carácter prematuro" de la petición hecha por los letrados y en "la existencia de un cuadro indiciario incriminatorio razonable y suficiente".
