Las representaciones legales del expresidente de la Sociedad Deportiva Huesca Agustín Lasaosa y del jugador Íñigo López han solicitado al juez que instruye el 'caso Oikos', de amaños en el fútbol profesional, el sobreseimiento libre de la causa que les relaciona con el presunto pago de primas ilegales a la plantilla del Reus para que venciera al Valladolid en la Liga de la temporada 16-17. Los dos letrados, a cuyos recursos ha tenido acceso Efe, fundamentan sus peticiones en el escrito que hizo el instructor a finales del pasado abril en el que el propio magistrado asegura que tiene "dudas" respecto al informe aportado en diciembre de 2021 por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

En su escrito, el instructor pide a los investigadores que aclaren las razones por las que el presunto pago de las primas a los jugadores del Reus fue hecho con posterioridad a la devolución del dinero a los supuestos prestamistas, entre ellos el exjugador Carlos Aranda. "¿Cómo es posible que se devuelva ese dinero a los prestamistas antes de pagar a los jugadores?, ¿tiene sentido que los jugadores cobren a la vez que los que prestaron ese dinero?, ¿para que se presta ese dinero?, ¿puede ser otro encuentro?, ¿tiene sentido que pida un préstamo con unas comisiones gravosas cuando puedo obtener la financiación por mis medios?", se pregunta el juez en su escrito.

Las alegaciones

En su escrito de alegaciones, el letrado de Lasaosa, José María Fuster, advierte, en relación a los informes policiales que sustanciaron la causa, que la jurisprudencia prohíbe las causas en las que la actuación se dirige a "mirar lo que se pesca", con el "pretexto" de esclarecer un supuesto hecho delictivo. Causas, señala el letrado, que persiguen "indagar en una persona o entidad para ver si en el curso de dicha investigación puede descubrirse delitos, partiendo del convencimiento del investigador de la criminalidad del sujeto", y que, subraya, en el Estado de Derecho español se definen como "inquisiciones generales".

Destaca que la instrucción se inició por unas supuestas apuestas ilegales mediante el amaño de partidos y que derivó al presunto pago de unas primas a los jugadores del Reus, de cuyo abono no se ha encontrado "indicio alguno", y recuerda que su cliente fue detenido hasta en dos ocasiones a pesar de estar a disposición del juez en todo momento.

En un sentido similar fundamenta su petición el letrado de Íñigo López, el abogado Juan Pablo Lerena, para quien las dudas planteadas por el juez ponen de manifiesto una instrucción "prospectiva" que se va ampliando a la espera de que surjan hechos punibles. Se trata, añade, de un procedimiento de "inquisición general" rechazado por el Tribunal Constitucional, que en una sentencia dictada en abril de 2001 señala que este tipo de "causa general" es "incompatible, ciertamente, con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución".

"Si los hechos por los que se acusa y que se están investigando, no están claros o es manifiestamente imposible que se hayan cometido, lo procedente es cerrar la instrucción", asegura uno de los letrados

En relación a las dudas planteadas por el instructor a los investigadores policiales, este letrado subraya que "si los hechos por los que se acusa y que se están investigando, no están claros o es manifiestamente imposible que se hayan cometido, lo procedente es cerrar la instrucción". Un archivo, agrega, que ya acordó el magistrado, "incluso con la opinión contraria del Ministerio Fiscal", para personas a las que ni siquiera se les tomó declaración a pesar de estar citados y con los apostantes del partido SD Huesca-Gimnástic de Tarragona.

Los investigadores no pudieron establecer si se repartieron entre los jugadores del Reus, a razón de 10.000 euros por persona, los 250.000 euros presuntamente entregados por el Huesca.

El informe de la UDEF cuestionado por el juez asegura que no se pudieron detectar en las cuentas bancarias de la plantilla del Reus en 2017 el cobro de primas. Tras un análisis pormenorizado de las cuentas de los 25 miembros de la referida plantilla, los investigadores no pudieron establecer si se repartieron entre ellos, a razón de 10.000 euros por persona, los 250.000 euros presuntamente entregados por el Huesca. La derrota del Valladolid, que luchaba por meterse en la promoción de ascenso a Primera División, favoreció sin embargo el acceso a esta opción del Huesca, que acabó finalmente sexto en la liga regular.