Una denuncia de Manolo Torres a la actual propiedad de la SD Huesca tras su reclamación de 1,5 millones de € fue desestimada por "mala fe"

Tras conocerse este viernes que la SD Huesca ha demandado a su expresidente Manolo Torres exigiéndole un "resarcimiento" que supera el millón de euros por percepciones indebidas, este sábado se ha revelado cuál fue el paso que dio el exdirectivo al ser notificado: una denuncia contra la actual propiedad. Sin embargo, la Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón dictó el pasado mes de mayo una resolución donde "se acuerda el archivo de la denuncia" que Torres presentó contra los actuales gestores de la Fundación Alcoraz.

El origen de la millonaria reclamación del club frente a Torres se sustenta en una auditoría solicitada tras su salida y corresponde con las gestiones en las temporadas analizadas (de la 17-18 a la 23-24). Manuel Torres facturó algo más de 22.000 euros por su participación en un órgano de cumplimiento normativo sobre la que, según la auditoría, no se ha "facilitado ningún contrato que sea base de la minuta". Además, los pagos irregulares se habrían extendido a personas de su entorno, como su despacho de abogados, por cerca de medio millón de euros para los que no se ha "podido comprobar ningún contrato firmado".

El órgano administrativo fue contundente al desestimar las acusaciones de Torres, en las que alertaba de un riesgo de despatrimonialización de la Fundación. La resolución subraya la "concurrencia de mala fe en la denuncia", argumentando que el expresidente realizó un "uso espurio de su denuncia ante el Protectorado". El principal motivo fue que Torres ocultó a la administración que el club le había interpuesto la demanda de 1,5 millones de euros "tan sólo 20 días antes". Además, el Gobierno de Aragón tachó de "totalmente inadmisible, por calumniosa, la falsa acusación de filtración" que Torres vertió contra los empleados públicos.

Por su parte, los actuales gestores e inversores, entre los que está el actual Consejero Delegado del club, Ricardo Mur, y el expresidente de la Fundación Alcoraz Manuel Ollé, defienden la legalidad de sus actos y acusan a Torres de utilizar la administración de forma ilícita. En un escrito conjunto, afirman que el exdirectivo usó la denuncia como un "mecanismo extorsionador" y con el "único ánimo de chantajear a los comparecientes para que retiren dicha demanda".

En este sentido, la administración validó la operación de salvación llevada a cabo por los actuales dueños. El organismo, en base a un "informe técnico económico", confirmó que en verano de 2024 la SD Huesca se encontraba en una "delicadísima situación financiera con unos fondos propios negativos de 1,3 millones de euros" y "abocada a una situación de concurso de acreedores con el consiguiente riesgo de liquidación". Por ello, la inversión de 6 millones de euros "no supondría una operación lesiva para los intereses de la Fundación". Frente a la acusación de Torres de un enriquecimiento ilícito de la futura venta del estadio (El Alcoraz), la resolución aclaró que el protocolo obliga a reinvertir los beneficios generados, "quedando expresamente excluida su distribución, total o parcial, entre los accionistas".

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