Manuel Torres interpone una querella criminal contra Jorge Costa, Ricardo Mur, García Vicente, Manuel Ollé y García Lapuente por apropiación indebida de la SD Huesca

Manuel Torres, ex consejero delegado y expresidente del club azulgrana, ha interpuesto una querella criminal a Jorge Costa (presidente del Patronato de la Fundación Alcoraz), Ricardo Mur (vicepresidente y consejero delegado de la entidad), Alfonso José García Vicente (miembro del consejo), Manuel Ollé (presidente de la Fundación Alcoraz cuando se cometieron presuntamente los hechos) y Antonio García Lapuente, abogado del despacho de Cuatrecasas, por apropiación indebida y administración desleal.

Supone un paso más en el litigio entre el Huesca y Manolo Torres. El club le demandó reclamándole 933.000 euros por su gestión en los dos cargos que ostentó entre 2019 y 2023 y el ex consejero delegado contraatacó con una demanda desestimada por la Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón por enriquecimiento ilícito de la venta de El Alcoraz y el TSJA tampoco estimó el recurso de Torres a ese revés judicial.

Según la querella criminal, "bajo la apariencia de que concurrían a la búsqueda de nuevos inversores que estaba realizando la Fundación Alcoraz en beneficio de la SD Huesca, los querellados actuaron concertadamente para apropiarse del principal activo de la Fundación Alcoraz (las acciones de la SD Huesca) por 1 euro". Además, agrega, "arbitraron una operación para prestar 6,1 millones de euros para Fundación, utilizarlos en una amplaición de capital de la SAD, tomar el control de ambas entidades y terminar siendo propietarios del 95% del club".

El escrito recuerda que la SD Huesca es el principal activo de la Fundación Alcoraz y recalca que, cuando se transformó en una SAD en 2009, la Fundación era titular del 66,2% del capital social, 11.585 acciones a 150 euros cada una (1.737.750 euros), "pero su valor de mercado es significativamente superior".

La búsqueda de nuevos accionistas

En 2023 el Huesca busca nuevos accionistas por la delicada situación económica y Manuel Torres, en la querella, repasa las que él tuvo conocimiento como alto cargo del club.

La oferta del Grupo Costa fue presentada por el también querellado García Lapuente y era por el 51% del capital social por 112,32 euros la acción, es decir, 1.301.227 euros, en diciembre del 2022. No fue aceptada y 14 meses después, Manuel Ollé contrató a García Lapuente "para la búsqueda, revisión, negociación y formalización de alguna operación de venta". Y dice la querella: "No deja de ser extraño, o una fabulosa casualidad, que se trate del mismo despacho y abogado".

Luego hubo otras ofertas, como la de la firma mexicana Rola Capital, que se comprometía a adquirir las acciones por 10.800.000 euros, pero "fue rechazada por Manuel Ollé con el pretexto de que no gozaban de la solvencia suficiente". También otra de Kronos Consulting Group, que remitió una carta de intenciones por 13.500.000 euros, que también "fue rechazada por Ollé".

Y finalmente, en el verano del 2024, la de Piensos Costa y Grupo Pini, en la que:

• Grupo Pini prestaría 4,1 millones a la Fundación
• Piensos Costa, 2 millones
• Los préstamos devengarían un interés del 5%, "que es adecuado".
• En garantía de los préstamos, la Fundación concedería la prenda de las acciones de la SD Huesca de las que era titular, que se destinarían a una ampliación de capital que suscribiría la Fundación.
• Los prestamistas desginarían a los patronos de la Fundación y miembros del Consejo de Administración.

Sin embargo, "el Grupo Pini no quiso participar en la operación" y Piensos Costa sustituyó a Pini por Ricardo Mur y García Vicente. Entonces, en base a lo anterior, Piensos Costa se haría cargo de esos 4,1 millones, Mur 1 millón y García Vicente, el otro millón, si bien el interés pasaba del 5% al 8% y el precio de compra pasaba a ser "completamente irrisorio".

Operación acordeón

La nueva ampliación de capital fue por esos 6,1 millones de euros en total. Y las 11.585 acciones que ya tenía la Fundación Alcoraz se traspasaron a 1 euro en total, que no cada una, según la querella. Es decir, según Torres, "La Fundación salía perdiendo al haber rechazado 1,1 millones de Costa al principio, 10,8 millones de la oferta de Rola y los 13,5 de Kronos.

Resalta también que los prestamistas "percibirían una comisión si las acciones de la SD Huesca se vendían a un tercero de un desproporcionado 50% del precio una vez deducidos los 6,1 millones del préstamo".

En el Acuerdo Marco suscrito el 12 de agosto de 2024, los querellados Costa, Mur y García Vicente suscribieron dicho préstamo, pero "se reconocía que la Fundación carecía, en el momento de la firma, de recursos suficientes para atender el reembolso del principal a su vencimiento a favor de los querellados prestamistas", por lo que, en fondo y forma, fue "la ejecución de operación acordeón".

Destaca a su vez que hay conflicto de intereses ya que "confluían en los prestamistas querellados la doble condición de Patronos de la Fundación prestataria y prestamistas". Redujeron el valor nominal de las acciones de 150 a 50 euros (las 11.585) y amplió en 122.000 más a 50 euros cada una, superando el 95% de capital social.

Una vez tienen el control total sin los minoritarios, "comienzan a revalorizar la SD Huesca comenzando por su activo más preciado, el estadio, que lo comprará el Gobierno de Aragón". La cifra fue de 24,4 millones de euros y que fue objeto de procedimiento en el TSJA iniciado por el propio Manolo Torres, aunque desestimado.

Y otro dato de la querella es que, Bibium Capital, en septiembre de 2023, valoró el Huesca entre 34 y 40 millones de euros, aunque ese era el escenario más optimista.

Torres pide la declaración en sede judicial de los cinco querellados y la testificación de los Patronos de la Fundación cuando se firmó el Acuerdo Marco, que son Jorge Lanau, Carlos Santolaria y Luis Miguel Ciprés, además del secretario Francisco Javier Cruz y de Vicente José Abarca, anterior consejero en representación de los minoristas.

Tanto Antonio García Lapuente como Manuel Ollé han pedido el sobreseimiento libre y el archivo de dicha querella.

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