La jueza admite a trámite la querella criminal de Manolo Torres y cita como investigados a Mur, Costa, Ollé, García Lapuente y García Vicente por la compra del Huesca

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca ha admitido a trámite la querella presentada por el expresidente del Huesca Manuel Torres contra cinco directivos actuales del club, que son Jorge Costa, Ricardo Mur, Manuel Ollé, Alfonso José García Vicente y Antonio García Lapuente por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal al hacerse con el control accionarial, y les cita a declarar el próximo 21 de julio.

Según fuentes judiciales confirmadas por EFE, la magistrada ha abierto diligencias previas al apreciar que los hechos relatados en la querella podrían ser constitutivos de delito y ha acordado la toma de declaración a varios testigos, además de el 3 de julio al propio querellante, y el requerimiento de abundante documentación a la Fundación Alcoraz, la Sociedad Deportiva Huesca, el Registro Mercantil de Huesca y el Registro de Fundaciones de Aragón.

Sin embargo, fuentes próximas a los querellados reconocen la diligencias previas para ver si la denuncia puede ser constitutiva de delito, pero aseguran que, de momento, no tienen constancia de estar siendo investigados ni de que haya un auto de admisión a trámite.

La querella sostiene que los investigados diseñaron una operación para apropiarse del principal activo de la Fundación Alcoraz, el 66,2% del capital de la SD Huesca, mediante un acuerdo firmado el 12 de agosto de 2024 que, bajo la apariencia de una financiación para garantizar la viabilidad económica del club, permitió posteriormente “la adquisición de las acciones iniciales de la Fundación en la SD Huesca por 1 euro”.

Según atribuye el escrito, la Fundación rechazó previamente ofertas de compra por importes superiores de 10,8 y 13,5 millones de euros realizadas por otros grupos inversores, mientras que terminó aceptando una operación financiera mediante la cual los ahora querellados concedieron préstamos por valor de 6,1 millones de euros destinados a una ampliación de capital de club, obteniendo a cambio una “opción de compra” sobre las acciones totales de la Fundación.

En declaraciones a EFE, el representante legal de Manuel Torres, Juan Pablo Lerena, explica que esta actuación permitió a los nuevos propietarios hacerse con el 95,75 % del capital de la SD Huesca y con el control de los órganos de la sociedad deportiva y de la Fundación Alcoraz, “por lo que los accionistas minoritarios han perdido la capacidad de pedir juntas, pedir información y de participar en la gestión”.

Lerena considera que esta operación ocasionó “un grave perjuicio” a la Fundación Alcoraz y califica de “irrisorio” el precio fijado para la transmisión de las acciones al ser “incompatible” con el valor real de la sociedad.

Este extremo lo fundamenta con las ofertas económicas recibidas durante el proceso de búsqueda de inversores y en el protocolo firmado posteriormente entre el Gobierno de Aragón y la SD Huesca para la adquisición del estadio de El Alcoraz por más de 24 millones de euros.

Por su parte, fuentes del Huesca consultadas por EFE enmarcan la querella dentro del conflicto judicial que mantiene el club con Manuel Torres, al que reclaman más de un millón de euros en otro procedimiento, y sostienen que la operación societaria se ajustó a la legalidad.

Consideran como “una respuesta más” del expresidente que “ya ha sido desacreditado en varios organismos” y expresan la confianza de que el procedimiento confirme las correctas actuaciones durante el proceso de compra del club.