La Abogacía del Estado ha solicitado en los últimos días que se practiquen numerosas diligencias, tanto de carácter documental como declaraciones, de todas las sociedades y personas que hayan podido tener relación con el Prestige en los últimos tres años. El objetivo es averiguar en qué circunstancias se ha producido el siniestro y qué grado de responsabilidad tiene cada una de ellas. La Abogacía se ha personado como acusación en el proceso que se ha abierto en el juzgado de Corcubión (La Coruña).La petición afecta a los propietarios, la empresa fletadora, la armadora, la sociedad clasificadora del buque y la reparadora. De momento, las declaraciones se solicitan en calidad de testigo, aunque, la Abogacía del Estado determinará si se solicita la imputación en el proceso penal o civil.La previsión es que entre la aseguradora y el Fondo Internacional para Daños por Hidrocarburos paguen 180 millones de euros (29.950 millones de pesetas) a repartir entre los afectados.
