Si los tribunales sentencian que la decisión de alejar el buque agravó la catástrofe, como sostiene la querella de Nunca Máis , lo más probable es que las responsabilidades no se limiten a los tres imputados ayer y alcancen al ministro Alvarez-Cascos, el hombre que dió las instrucciones de enviar el barco "al quinto pinto".
La orden de alejamiento la firmó la noche del 14 de noviembre el capitán marítimo de A Coruña, Angel del Real, en un documento que exigía al petrolero "no estar nunca a menos de 120 millas náuticas de las aguas jurisdiccionales españolas". A partir de ese momento el Prestige inició un errático viaje esparciendo el veneno por toda la costa gallega.
La oposición denunció desde el primer momento que esa orden se había tomado de modo irreflexivo con el único objetivo de minimizar él impacto del accidente en la opinión pública. "Cuanto más lejos naufrague mejor", sería el argumento.
El Ministerio de Fomento mantiene, en cambio, que la decisión se basó "en numerosas consultas verbales con los técnicos de la propia Administración Marítima". Pero no puede probarlo. No consta ningún informe por escrito previo al naufragio.
Si no hubo expertos que aconsejaran el alejamiento, el peso de la responsabilidad recaería en el capitán marítimo de A Coruña, que firmó la orden y en su inmediato superior, el director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors. El fue quien, según sus propias palabras, aconsejó al Ministro de Fomento que "lo correcto era alejar el buque de la costa".
MESA SEÑALA
¿Y el delegado del Gobierno, Fernández Mesa? Su papel consistió en poco más que dar la cara. Presidía el comité de coordinación creado para afrontar la crisis pero, como el mismo reconoció quien tomaba las decisiones era Cascos.
Pero fue el presidente del Gobierno, José María Aznar, quien, en un intento de arropar a su ministro, acabó poniéndolo en evidencia. "La decisión fue política y la tomó todo el Gobierno", aseguró el presidente en su primer viaje a Galicia.
