Los gritos de medio millón de personas que exigieron en Madrid responsabilidades políticas tras la crisis del Prestige han sido recogidos por los socialistas para retomar la iniciativa de crear una comisión de investigación en el Congreso. Así lo manifestó ayer el portavoz del grupo parlamentario, Jesús Caldera, que espera que toda la oposición secunde sus propuestas para esclarecer en el Parlamento lo ocurrido desde que el Gobierno tomó el mando de la situación con el barco accidentado.

GRAVES RESPONSABILIDADES Caldera cree que si el PP rechaza el requerimiento es porque la gestión de la catástrofe "apunta a graves responsabilidades" del Gobierno, y afirma que la investigación se acabará haciendo por parte de la sociedad civil, la comunidad científica y el Parlamento "cuando haya una nueva mayoría política". Tendrán que dejarlo para entonces, porque ahora lo van a tener difícil. El secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida no apoyará a la comisión. Duran dice que su formación participó en la marcha "en solidaridad con el pueblo gallego" y reiteró sus críticas a la gestión de la crisis, "que no podía haber sido peor", pero considera que serán las urnas las que "delimiten responsabilidades".

El Gobierno tampoco está por la labor de que le investiguen. Ni siquiera entiende lo que piden los miles de gallegos que se manifestaron el domingo. El secretario general del PP, Javier Arenas, asegura que "todo está explicado por activa y por pasiva en decenas de ocasiones en el Parlamento". Más contundente fue incluso su compañero Francisco Alvarez-Cascos, para quien las peticiones de dimisión le "reafirman siempre". El ministro de Fomento añadió que prefiere manifestarse "frecuentemente" en el BOE, "donde se concretan los proyectos y las inversiones" para la comunidad de Galicia.

Mientras, el consejero de Pesca, Enrique López Veiga, anunció ayer que "probablemente" levantaría hoy la prohibición de pescar en la costa gallega. López Veiga precisó que la actividad sólo se reiniciará en las Rías Bajas y con la excepción de las Islas Atlánticas. La medida podría afectar a unas 400 o 500 embarcaciones pequeñas y a un total de unos 800 pescadores.