Los trabajadores de Radiotelevisión Valenciana habían anunciado que no permitirían "ni un paso más" en la privatización de los medios públicos iniciada por el PP e intentaron ayer evitar que el Consejo de Administración del ente aprobara el pliego de de condiciones del proceso. Pese a las protestas, el documento, que deja en manos privadas la gestión de los informativos, la publicidad y la programación, salió adelante con los votos de los consejeros del PP.

Un grupo de empleados concentrados en la puerta de las oficinas accedió a la sala, invitados por el presidente del consejo, Josep Vicent Villaescusa, para que expusieran sus reivindicaciones. Una vez dentro, comenzaron a gritar durante un cuarto de hora y, ante la imposibilidad de realizar la votación, Villaescusa y los otros cuatro representantes del PP abandonaron la sala y anunciaron que la reunión se reanudaría en el despacho del presidente.

Acudió hasta allí la representante de Esquerra Unida, Gloria Marcos, que fue testigo de la aprobación del documento. Al anunciarlo a los 200 trabajadores concentrados, éstos impidieron la salida de los consejeros del PP, que tuvieron que subirse en furgonetas de los antidisturbios.

Los consejeros de la oposición acudieron posteriormente al juzgado para denunciar la, a su juicio, "votación ilegal" del pliego.

24,5 MILLONES DE EUROS Según este documento, el ente público se compromete a pagar a las empresas adjudicatarias 24,5 millones de euros anuales (más de 4.000 millones de pesetas) hasta el 2006 para que gestionen el "suministro de contenidos audiovisuales" y elaboren los informativos. La empresa ganadora del concurso contará con los medios de Canal 9 y podrá subcontratar a otras productoras.

También pasa a manos privadas la gestión de la publicidad, cuya adjudicataria recibirá una comisión del 3% al 5%, en función del volumen de los ingresos.