Los directores de los institutos de Enseñanza Secundaria de toda España discrepan abiertamente de la nueva regulación de la materia de Religión y de la imposición de una alternativa obligatoria, denominada Hecho Religioso, según una declaración pública que han enviado a la ministra de Educación, Pilar del Castillo.
La Comisión Permanente Estatal de Directoras y Directores de Institutos de Secundaria considera que el Gobierno del PP hace una interpretación interesada de la Constitución al entender que ésta le obliga a confiar la formación religiosa a las escuelas y enumera los "inconvenientes" que se derivan de esta lectura.
Los directores creen que las horas de estudio que los alumnos deberán dedicar a la Religión, asignatura que computará para repetir curso y para la media de acceso a la universidad, van en detrimento de las invertidas a Lengua o Matemáticas, materias instrumentales que "el Gobierno de la nación ha manifestado su propósito de reforzar".
Los docentes agregan que "la fe no es académicamente evaluable" y que los contenidos del Hecho Religioso "deberían incluirse en el currículo de las materias que imparten los departamentos de Filosofía o Geografía e Historia" si, como ha reiterado la ministra, se "considera realmente importante". Plantear esos contenidos como alternativa a la clase confesional "es una decisión política, que no educativa", subrayan.
Para los profesores, "es falaz la pretensión de que la asignatura de Religión sea una opción voluntaria si se obliga, a quienes no la elijan, a seguir un determinado currículo". En su opinión, existe una "discriminación" por "la diferencia de información que se facilita al alumno". El estudio del Hecho Religioso es, para los docentes, "un sustituto de la Filosofía".
SIN CONTROL ESTATAL También recuerdan los directores que "los profesores de Religión no están sometidos a ningun control estatal y son nombrados por autoridades ajenas al mundo educativo", por lo que difícilmente la materia puede tener el mismo tratamiento que el resto, como defiende Del Castillo. Estos docentes son seleccionados por los obispos, cuya presión ha conseguido que el Gobierno eleve el rango de la materia confesional, algo que no preveía cuando redactó la ley de calidad.
