En Hnasla impera la ley del silencio. Manda el miedo. Esta pequeña duar (aldea) de casas que salpican las montañas está desgarrada por el dolor: 14 jóvenes del pueblo iban en la patera que se hundió delante de Cádiz. Todos murieron. Pero aquí nadie habla, nadie osa denunciar a la mafia y, lo que es peor, nadie se atreve a reconocer la muerte de su familiar. Hnasla es un pueblo que debe tragarse el dolor porque en Marruecos a las víctimas de la inmigración clandestina no se las deja ni lamentarse. Ni siquiera se les permite recuperar los cadáveres de sus hijos muertos.
Todos en Hnasla conocían a las víctimas, pero nadie abre la boca. Las bocas están tan selladas que a Jalil Yemaa, presidente de las Familias Víctimas de la Inmigración Clandestina (AAFVIC), no le queda más que lanzar un ultimátum. "Voy a decirlo por última vez: si alguien quiere recuperar el cuerpo de su hijo que nos llame", grita. A pocos metros hay un anciano cuyos ojos llorosos le delatan. Ha perdido a un ser querido pero tiene tanto miedo que no se atreve a hablar. Pero el ultimátum funciona: el abuelo saca de la chilaba un pedazo de papel con un teléfono y se lo da a Yemaa.
El papel del Gobierno
Las lenguas empiezan a soltarse. Un vecino dice que la noche anterior el moqadem, el alguacil de la zona, "visitó a las familias de los ahogados". "Les amenazó con castigarlos si hablaban", cuenta. Y en este pueblo berebere del Medio Atlas las amenazas surten efecto. "Aquí hay un régimen feudal", dice un miembro de la asociación. El que no obedezca se arriesga a recibir una paliza, o a algo peor.
El moqadem dice a la AAFVIC que "nadie de la región ha muerto ahogado". ¿Por qué esa obsesión por negar la evidencia? Una autoridad local explica que es mejor así. "Sus familias son tan pobres que no pueden pagar por traer los cadáveres. Más vale no decir nada", justifica.
No es el único motivo. "Las autoridades prefieren que no se reclamen los cadáveres desde Marruecos, para que así sean enterrados en España y el régimen se ahorre la repatriación", señalan fuentes de la AAFVIC. Así, el Gobierno de Marruecos da la razón a quienes lo acusan de facilitar la inmigración clandestina. Al imponer el silencio, hace el juego a las mafias, pues en el pueblo todos saben el nombre del traficante de Larache que organizó el viaje en patera. Pero nadie lo va a denunciar y él seguirá con su tráfico humano.
