El inmigrante que lleve un mínimo de un año trabajando irregularmente en España y denuncie a su empresario obtendrá papeles a través de una de estas dos fórmulas: o bien recibirá un permiso temporal para la búsqueda de otro empleo o bien podrá seguir en el mismo puesto si el empresario acepta contratarlo por un mínimo de un año. El denunciado obtendrá como contrapartida la suspensión de la sanción que le correspondería, pero deberá abonar las cotizaciones sociales atrasadas y, además, pagar al trabajador la diferencia con el sueldo atrasado establecido en el convenio.
Esta es una de las nuevas vías de regularización que incluirá el nuevo reglamento de extranjería, cuyo borrador será entregado hoy por el Gobierno a las fuerzas políticas y sociales y que el Ejecutivo pretende aprobar a mediados de octubre. Así lo anunció ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, durante su comparecencia en la comisión homónima del Congreso, convocada a raíz de la alarma desatada el pasado mes de agosto por los confusos anuncios de regularización efectuados desde el Ejecutivo.
Caldera aclaró que la regularización por denuncia --por "arraigo laboral", la denominó-- será un sistema permanente de acceso a la legalidad. Los irregulares que cumplan las condiciones podrán siempre acogerse a este sistema a partir de la entrada en vigor del reglamento. Sólo deberán dar el paso, nada fácil, de denunciar al empresario ante la magistratura de Trabajo.
Pero durante unos meses habrá otra vía más simple de obtención de permisos: la regularización por contrato de trabajo que ha venido anunciando el Ejecutivo desde que tomó posesión y que causó el mencionado revuelo político el pasado agosto. Pese a ser el objeto principal de su comparecencia, el ministro no aclaró todas las condiciones que deberán cumplir quienes deseen acogerse a la regularización.
El ministro se limitó a reiterar que recibirán papeles los irregulares que desempeñen un empleo y cuyo empresario esté dispuesto a reconocérselo a través de un contrato. Los contratos tendrán que ser de un mínimo de un año y para que el permiso entre en vigor, el inmigrante deberá haber sido dado de alta en la Seguridad Social. Es posible que incluso se exija al empresario que abone las cotizaciones atrasadas.
Los inmigrantes deberán llevar un tiempo de estancia en España pero, ahí reside la gran incógnita: no precisó cuanto. Lo dejó en manos de las fuerzas políticas y sociales con las se debatirá el borrador. Lo más probable es que el inmigrante tenga que demostrar que estaba en España antes de las pasadas elecciones.
