Más de 500 menores llegados en cayuco a Canarias este verano serán finalmente trasladados a la Península en las próximas semanas. Las autonomías dieron ayer al Gobierno su visto bueno inicial a la propuesta, el último requisito necesario para poner en marcha una operación que cada vez se hace más urgente. El número de menores subsaharianos alojados actualmente en las islas, casi 900, triplica ya la capacidad de los centros de acogida del gobierno canario.
El acuerdo se fraguó en una convocatoria extraordinaria del Consejo Superior de Inmigración, un organismo en el que participan todas las comunidades autónomas. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentó una propuesta pactada con el Ejecutivo canario por la que el Gobierno central se compromete a financiar gran parte de la operación. El propio Caldera dijo durante la reunión que "el presupuesto no será un problema".
COMPETENCIA La respuesta de las comunidades era clave porque éstas ostentan la competencia exclusiva en la tutela de los menores no acompañados y aunque al final sean ONG financiadas por el ministerio quienes acaben acogiéndolos las autonomías deben ejercer de tutores de los pequeños.
El grado de entusiasmo con que dieron el sí las autonomías varió en función de su color político. Las autonomías socialistas asintieron sin condiciones --salvo Andalucía, ya saturada por los menores llegados en patera-- , y las del PP, encabezadas por Madrid y Valencia, aceptaron inicialmente, aunque estudiarán la cuota a admitir en función del dinero del Gobierno.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias, Maria Luisa Zamora, pidió a sus homólogos que los acuerdos se cierren "lo más rápido posible". "Ésta manaña teníamos a 850 y a las pocas horas había 42 más, por lo que son ya casi 900 los acogidos en el archipiélago".
