La Comisión Europea (CE) emitió ayer varias amonestaciones a España por vulnerar el derecho comunitario en contratos públicos de urbanismo, publicidad del tabaco, eficacia energética de los edificios, reducción de las emisiones de gases contaminantes, seguridad ferroviaria y empresas de seguridad privada. En los tres primeros casos, se trata de la última advertencia antes de presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El ultimátum más importante afecta a la controvertida ley urbanística valenciana. La CE insta al Gobierno de Francisco Camps (PP) a que modifique la norma en dos meses porque incumple el derecho comunitario sobre contratos públicos. De no ser así, el Ejecutivo comunitario presentará una demanda contra la Generalitat valenciana ante el Tribunal de Justicia Europeo.

Bruselas instó asimismo al Gobierno central a corregir de inmediato la ley española sobre el tabaco, que autoriza durante un periodo transitorio de tres años el patrocinio y la publicidad del tabaco en competiciones automovilísticas y en el vestuario y los vehículos de los pilotos.

La Comisión Europea abrió también un expediente de infracción a España y a otros 12 estados de la UE por no cumplir las exigencias de la legislación comunitaria en materia de seguridad y de operatividad conjunta en materia de ferrocarriles. Otro expediente hace referencia al retraso en la presentación del plan nacional de asignaciones de gases contaminantes para el periodo 2008-2012. El último procedimiento de infracción abierto contra España es por no acatar la sentencia del tribunal europeo en la que se declaró ilegal la legislación española sobre la seguridad privada. El tribunal sentenció el pasado 26 de enero que la legislación española que regula la prestación de servicios de detectives vulnera el principio de libre establecimiento de empresas y prestación de servicios vigentes en la normativa de la UE.