La Generalitat Valenciana quiere llevar a la Comisión Europea ante los tribunales por considerar que actúa con arbitrariedad cuando acusa al Gobierno de Francisco Camps (PP) de vulnerar el derecho comunitario en contratos públicos de urbanismo. Esta es la respuesta a la amonestación que el jueves realizó Bruselas sobre la ley urbanística valenciana.

Para el conseller de Territori i Habitatge, Esteban González Pons, la Comunidad Valenciana toma la iniciativa en un conflicto en el que se siente traicionada por el Gobierno central. Pons denunció que las alegaciones que en su momento se presentaron a la Comisión Europea fueron recortadas a su paso por Madrid. Según Pons, se habrían eliminado dos párrafos en los que se explicaba que la UE solo pide a la Comunidad Valenciana "que elimine de su legislación la figura del agente urbanizador privado, cuando esta figura también aparece en el resto de autonomías españolas y en le proyecto de ley del suelo que tramita el gobierno". Según Pons "el Gobierno quiere que la UE caiga sobre la Comunidad Valenciana y ocultar que toda España tiene la misma legislación".