La Fiscalía de Lérida mantuvo ayer la exigencia del pago de una multa de 500.000 euros para el miembro de la Plataforma Transgénicos Fuera Albert Ferré, acusado de instigar la siega ilegal, en julio del 2004, de un campo experimental cultivado con maíz genéticamente modificado. La petición, calificada de "excesiva y desproporcionada" por los ecologistas, se formuló en el primer juicio que se ha celebrado en España contra un activista antitransgénicos y que reunió en los juzgados de la capital leridana a un nutrido grupo de apoyo.

El acusado, que negó haber participado directamente en la destrucción del campo, mostró a la salida de la vista su sorpresa por la insistencia del fiscal en mantener la petición de sanción, sobre todo después de que el Instituto de Desarrollo y Tecnologías Agroalimentarias (IRTA), organismo dependiente de la Generalitat y propietario de la finca de Gimenells (Segriá) que sufrió los destrozos, renunciara a percibir indemnización. "Solo cabe pensar que la actitud de la fiscalía oculta algún interés político", denunció Ferré.

El director general del IRTA, Josep Tarragó, que se presentaba como acusación particular en el juicio junto a la Universidad de Barcelona, afirmó en su declaración que las investigaciones científicas llevadas a cabo en la parcela dañada están financiadas por la UE y por el Ministerio de Agricultura y, por esta razón, dijo, son ellos quienes deberían percibir el dinero de la indemnización.

APOYO DE ACTIVISTAS El acusado contó también con la colaboración in situ de medio centenar de activistas, que prepararon a las puertas del juzgado un desayuno a base de ingredientes estrictamente ecológicos. Junto a los manifestantes, un equipo de una televisión francesa siguió con atención la vista oral, que muchos han relacionado con el movimiento antitransgénicos que lidera el agricultor José Bové, detenido en varias ocasiones por actuar contra diferentes establecimientos hosteleros que ofrecen comida con alimentos modificados genéticamente.

El sindicato agrario Unió de Pagesos y la organización ecologista Greenpeace emitieron sendos comunicados de apoyo al acusado. Según la entidad agraria, el juicio fue "un intento de criminalizar la lucha antitransgénicos", mientras que Greenpeace asegura que "los campos donde se realizaron las acciones no cumplían la normativa de identificación y registro, pese a estar subvencionados con dinero público".