El principio de quien contamina paga se hará al fin realidad tras una década de promesas incumplidas. Las empresas potencialmente contaminantes estarán obligadas a suscribir una garantía financiera con la que deberán reparar los daños que causen en el medio ambiente. Así lo establece el anteproyecto de ley de responsabilidad medioambiental que ayer fue examinado en primera lectura por el Consejo de Ministros.

La norma cubrirá el vacío legal destapado con el accidente de Aznalcóllar. Mientras la empresa minera Boliden, responsable del siniestro, litigaba en los tribunales, el Estado se vio obligado a costear la restauración del entorno que ascendió a 75 millones de euros.

El proyecto medioambiental cayó en el olvido hasta que el 30 de marzo del 2004 la Unión Europea aprobó la directiva que ahora el Gobierno trasladará a la legislación española. Y el tiempo perdido ha seguido pasando factura. El Ministerio de Medio Ambiente ha afrontado a lo largo de los últimos siete años gastos de reparación ambiental de casi 183 millones de euros.

La nueva norma irá más allá, incluso, de ese quien contamina paga. "Además, limpia y repone", destacó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La responsabilidad se exigirá, además, sin que concurra culpa o negligencia del operador, según la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. La ley afectará a más de 5.000 instalaciones industriales, unas 30.000 empresas de mercancías peligrosas, casi un millón de explotaciones agrarias, a las balsas mineras y a las actividades relacionadas con los organismos modificados genéticamente.