El Consejo de Ministros aprobó ayer un trasvase del río Tajo al Segura que consistirá en el envío de 12 hectómetros cúbicos de agua para consumo humano a partir del próximo mes de noviembre. Según aseguró la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "esta medida garantiza el abastecimiento a la población atendida por la Mancomunidad de los canales del Taibilla", es decir, a 2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete.

El argumento de la número dos del Ejecutivo socialista, sin embargo, no ha convencido a muchos sectores. Incluso entre su propio partido hay voces que discrepan de la medida anunciada ayer. Por una parte, el portavoz socialista de las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, insistió en que el trasvase debe "desaparecer" y su presidente, José María Barreda, aseguró que en el 2015 deben buscarse medidas alternativas. Por otro lado, los socialistas valencianos anunciaron una proposición no de ley contra el fin del trasvase en el 2015, decisión que acordaron incluir tanto PP como PSOE en el Estatuto castellano-manchego.

VALENCIA Y MURCIA, EN CONTRA El Partido Popular tampoco se salva de las opiniones discordantes. Mientras su líder en Guadalajara, Antonio Román, criticaba este envío de agua del Tajo al Segura y reclamaba el trasvase del Ebro para solucionar la sequía, los conservadores valencianos y murcianos arremetían contra la caducidad impuesta en el Estatuto. Según Román, el trasvase anunciado ayer tras el Consejo de Ministros es "una temeridad sin precedentes", y arremetió contra el Ministerio de Medio Ambiente por apoyar esta decisión "irresponsable".