Como con todas las reformas legales que ha propuesto el Gobierno socialista, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora, admitió ayer un informe que se opone a la reforma del Código Penal para permitir y despenalizar la clonación terapéutica y la investigación con células madre, técnicas autorizadas por las leyes de investigación biomédica y de reproducción asistida. La propuesta será aprobada en el pleno que celebrará el próximo 3 el órgano de gobierno de los jueces, ya que hasta su renovación en noviembre cuenta con 11 miembros propuestos por el PP y 9 por el PSOE.

El informe rebate y tacha de "antijurídica" la nueva redacción prevista por el Gobierno del artículo 160.2, que deroga la pena de hasta seis años de cárcel para "quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación" y la propone solo para los que "practiquen técnicas de clonación en seres humanos con fines reproductivos".

La crítica, que no impedirá la reforma, ya que el Gobierno espera contar con mayoría parlamentaria suficiente para sacarla adelante, argumenta que se deja a los óvulos sin la debida protección jurídica, como propugna el Tribunal Constitucional. También apela a varios convenios internacionales que se oponen a la experimentación con embriones y a la creación de seres humanos genéticamente idénticos. Fuentes sanitarias recordaron que la ley deja muy claro que los embriones creados cambiando el núcleo de un óvulo por el de una célula adulta (trasferencia nuclear o clonación terapéutica), que da lugar a células madre capaces de generar cualquier tejido humano, han de ser destruidos antes de los 14 días. El mismo plazo se da a los óvulos obtenidos por técnicas de reproducción asistida.

El informe del CGPJ coincide con la posición reiterada por el PP durante la tramitación parlamentaria de las leyes y con la posición de la Conferencia Episcopal Española.